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La respuesta debería ser sí; pero conociendo la personalidad de quienes están al frente de los órganos del Estado y los comportamientos en el pasado, lo que salta como respuesta es la duda. No obstante, roguemos porque así sea, pues presionar, que debería ser la forma legítima, es más distante que la confrontación política.
Antes la confrontación política era entre dos bloques ideológicos definidos: entre la derecha y la izquierda. Esta confrontación fue llevada a los órganos del Estado; es decir, entre los responsables de dirigir esos órganos y con ello, la deslegitimación de los mismos que bajó a los sectores populares, con el consecuente repudio a la clase política, lo que provocó el surgimiento de redentores sin programa y sin planteamiento político-ideológico visible ante las mayoría populares; pero esto no le importó a la gente, con tal de castigar a quienes estuvieron históricamente enfrentados, entre otras razones.
En los gobierno de ARENA (veinte años en el Ejecutivo) no solo logró la colaboración de los otros órganos del Estado (Legislativo y Judicial), sino que los convirtió en un apéndice. Desde Casa Presidencial se decidía qué aprobar en la Asamblea Legislativa, con qué urgencia y qué rechazar o engavetar.
Lo mismo sucedió en el órgano Judicial, pues Casa Presidencial dictó la política de impunidad y castigo. Los castigados fueron siempre los de “pies descalzos”, como decía monseñor Óscar Arnulfo Romero, que del martirio se convirtió en santo.
En los gobiernos del FMLN (diez años) la situación fue complicada, pues no solo desapareció la práctica de decidir todo desde CAPRES, sino que hubo un total enfrentamiento entre los órganos del Estado. El órgano Judicial comandado por la Sala de lo Constitucional, estuvo no solo enfrentado con el Ejecutivo y el Legislativo, ambos dirigidos por funcionarios provenientes de las filas del FMLN, sino que también se convirtió un el mayor bloqueador de los recursos del Ejecutivo.
Recordemos que al gobierno de Salvador Sánchez Cerén le declaró inconstitucional un préstamo por 900 millones de dólares que puso en jaque al gobierno, en un estado tal, que lo obligó a caer en impago, pues, además, le declaró inconstitucional el mecanismo para saldar una obligación previsional, y luego le declaró inconstitucional el decreto que aprobaba el Presupuesto General de la Nación. Además, la Sala desmembró a la Asamblea Legislativa al declarar inconstitucional a los diputados suplentes.
El partido ARENA, en la Asamblea, hacía lo suyo, al poner todo tipo de trabas para dar su voto calificado, lo que llevó a retrasos innecesarios hasta para financiar obras de interés popular, como las mejoras en Las Pavas para garantizar agua potable al Gran San Salvador o para la construcción de la carretera al Puerto de La Libertad y otras obras públicas, a pesar de que en algunos de los préstamos había varios millones no reembolsables.
La consiga desde la derecha era no darle respiro al gobierno de Salvador Sánchez Cerén y hacerlo fracasar.
Todo lo anterior, en contravención al artículo 86 de la Constitución de la República que en una parte dice: “Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero estos COLABORARÁN entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. Las mayúsculas son nuestras.
Con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo se esperaba que la confrontación terminara, no solo porque que ya había hartazgo de esa polaridad, una de las razones por la que llega a la Presidencia, sino porque siendo que se vendió como una figura diferente a la forma de hacer política, iba a aprovechar su gran popularidad no solo para garantizar cualquier acción en pro del Gobierno, sino para crear un nuevo escenario político en el país. Sin embargo, el presidente Bukele hasta antes del martes 20 de noviembre de 2019 se volvió en un personaje provocador e incitador de la confrontación política.
Decimos hasta antes del 20 de noviembre, pues ese día, por primera vez, en la Asamblea Legislativa se juntan los representantes de los tres poderes del Estado, con motivo de la juramentación de la nueva junta directiva del parlamento, y el inicio oficial de la administración del diputado Mario Ponce.
Y más allá de las dudas que despierte la aparente “buena relación” entre el presidente Bukele y el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, en principio debemos decir que es correcta, pues, así lo establece el artículo 86 de la Constitución de la República.
Habría que esperar, por supuesto, que en esa buena relación entre los representantes de dos órganos de Estado no se repita lo que se hizo en tiempo pretéritos; es decir, que desde la Casa Presidencial a través de un tuit, se le ordene al presidente de la Asamblea Legislativa cómo buscar legislar. No decimos cómo legislar, porque a la Asamblea no la dominan GANA, el partido de Gobierno, ni el PCN, el partido al frente del órgano Legislativo, pues hay mayoritariamente diputados de otras fracciones legislativas.
Y, si bien la oposición es mayoritaria en el Congreso, eso no debe significar tampoco que deben asumir posiciones obcecadas, sino de país; pero eso pasa por liderazgos acertado y positivos del presidente del Ejecutivo y del presidente del Legislativo. Esperemos entonces a ver qué sucede de ese acercamiento entre el presidente Bukele y el presidente Ponce, en el sentido de que habrá por fin colaboración entre los órganos del Estado.
