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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Solo en El Salvador se puede hablar de elecciones libres con estado de excepción, es decir sin libertad política.
El 4 de febrero culminarán las elecciones presidenciales y legislativas, que iniciaron en el exterior el 6 de enero pasado; pero en medio de un estado de excepción en el que, sin decirlo, las conductas de las personas expresan miedo.
Llama la atención el hecho de que ciudadanos, que en el sorteo realizado por el Tribunal Supremo Electoral TSE resultaron asignados para ejercer como autoridad electoral en una Junta Receptora de Votos (JRV), hacen largas filas para solicitar excusarse de ejercer ese servicio.
Se sabe que, incluso personas que fueron propuestas por partidos políticos para esa función, también presentan excusas. No quieren participar.
¿Por qué si hay tanta confianza en el gobierno y las encuestas presentan a su partido como el favorito de la mayoría, los ciudadanos no quieren ejercer un servicio que es un derecho y un deber?
Un sólo argumento asoma en boca de una de esas personas: “no quiero participar porque temo que me pidan hacer algo incorrecto y verme envuelta en eso, o amenazada por no hacer lo que me pidan”.
Ese pensamiento encaja con un dato que revelan las encuestas, casi la mitad de las personas encuestadas no confían en la autoridad electoral y creen que habrá fraude.
Una elección libre, limpia, justa, requiere respeto a las leyes, a principios democráticos, de la existencia de partidos políticos y, desafortunadamente como país, nos vemos lejos de estar cumpliendo esos atributos.
Se ha denigrado tanto a los partidos al punto de debilitarlos y debilitar incluso al propio partido oficial, que en vez de ser un partido estructurado es un conjunto de matones amenazando o premiando, sin ideología definida y mucho menos principios y programa.
La ley que suspende las garantías constitucionales cada 30 días, ya por dos años, opera como elemento intimidatorio, especialmente porque abundan las evidencias de que se aplica a mareros pero también arbitrariamente a personas inocentes, a las que les destruyen la vida, incluso con la muerte.
La propaganda oficialista ha producido un efecto de conductas duales, contradictorias, en gran parte de la población; una mayoría acepta que es conveniente respetar la Constitución, pero al preguntarle si es correcto que el Presidente de la República se postule como candidato, a pesar de las prohibiciones constitucionales existentes, también esa mayoría responde que ve bien la postulación.
Es que se impone el adagio que reza que, para alcanzar fines, todo se vale. Y aquí ocurre de todo, menos la libertad política entendida en su más amplia acepción.
La libertad política supone que la ciudadanía puede actuar sin restricciones del gobierno, conforme a su pensamiento, a sus valores y ejerciendo su derecho a organizarse y expresarse dentro de un partido o de un movimiento político y, en un sentido más amplio, a expresarse, a actuar libremente dentro de una organización social.
Aquí, en cambio, desde el dominio que el poder político, dominante ahora, ejerce en las instituciones del Estado, se persigue, se denigra, se miente sobre los partidos políticos que no sean el oficial.
Es más, se cambió la estructura de los gobiernos locales y de la misma Asamblea Legislativa, las leyes electorales, la ley penal, para darse ventaja como casta gobernante. Todos esos cambios amenazan ahora hasta los partidos que sirvieron de socios del oficialismo para realizarlos.
Se hace uso del ejército y de la policía para limitar o impedir la movilización de activistas de los partidos de oposición en las comunidades. Los efectos de tolerar esta conducta gubernamental tendrán efectos nocivos para la sociedad en su conjunto y representa un retroceso mayor a medio siglo.
La libertad política, los derechos políticos, civiles y humanos negados, expresan el deterioro institucional por el que aceleradamente camina el país; y augura niveles mayores de represión en el futuro, pues cuando el pueblo se dé cuenta y proteste, solo le quedará al régimen el uso de más fuerza.
Regresamos a los años 50 del siglo pasado en materia de sistema político, y costará mucho recuperar lo que habíamos ganado.
Conocedores como somos quienes vivimos y luchamos bajo la dictadura de la oligarquía, los militares y el viejo Partido de Conciliación Nacional, debemos advertir a las generaciones presentes, a quienes se apartan por conveniencia o temor, que vale la pena resistir y oponerse ahora.
Y aún sin la libertad política a la que tenemos derecho, se debe expresar electoralmente la diferencia, el rechazo al autoritarismo, sin creer que ese camino es infalible, y disponerse a luchar juntos por recuperar la democracia y la vigencia de los derechos humanos, sociales, políticos y culturales.
