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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La firma de alrededor de 70 representantes de organizaciones pro derechos humanos, justicia, académicas, mujeres, profesionales y religiosas, respaldan la Carta Denuncia, motivada por la “alarmante violación a los derechos humanos” que afecta a personas inocentes que viven en zonas de alta vulnerabilidad social y económica.
“Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que ponga fin a las constantes violaciones de los derechos humanos, especialmente aquellas en contra de las personas de las comunidades marginalizadas, que ya son víctimas de la exclusión económica y la violencia de las pandillas, además de un gobierno que las estigmatiza”, dice la carta.
Tras recordar los acontecimientos de los días 24, 25 y 26 del pasado mes de marzo, cuando se vivió un fin de semana nefasto para cientos de familias salvadoreñas, luego de 80 muertos, las organizaciones firmantes consideraron que fueron las “cifras de muertes más alta desde el final del conflicto armado en 1992”, y que fue adjudicada a la violencia de las pandillas.
Esas 72 horas de violencia dio paso al Estado de Excepción y reformas al Código Penal y Procesal Penal, promulgados por el presidente Nayib Bukele, y aprobado por la mayoría legislativa de su partido Nuevas Ideas, que generó en las últimas semanas una ola de detenciones de alrededor de 12 mil personas, de las cuales algunas no están vinculadas a estos grupos violentos que suelen operar en colonias y comunidades populosas del territorio nacional, aseguran las organizaciones pro derechos humanos.
“Para quienes fueron detenidos inicialmente, el periodo de quince días de detención sin cargos, en virtud del Estado de Excepción, ha terminado o terminará pronto. Sin embargo, la magnitud de las detenciones, las amplias reformas legales y las amenazas del presidente Bukele de que los presos cumplirán condenas de décadas, sin goce de sus derechos humanos básicos, incluyendo la alimentación, nos causan serias preocupaciones”, afirmaron los firmantes.
“Entre ellas la posibilidad de que no se restablezca el derecho al debido proceso, y que se pueda agravar el ya extendido problema de las detenciones prolongadas, especialmente dada la reciente eliminación del límite de dos años para la detención provisional”, expresan.
En cuanto Estado al de Excepción (27 de marzo), reiteraron su cautela ante la suspensión de garantías tan esenciales como la libertad de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, que por ahora permite al Estado tener poder para interceptar la correspondencia sin una orden judicial que la respalde, como corresponden a las garantías constitucionales y los derechos de la ciudadanía.
“Amplió también, el periodo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, durante los cuales una persona puede ser retenida sin ser informada del motivo de su detención, sin que su caso sea llevado ante un juez y sin acceso a un abogado. Muchas de estas medidas violan tratados internacionales de derechos humanos”, aclararon.
“El presidente Bukele afirmó que está persiguiendo a personas vinculadas a pandillas -a los que se refiere con frecuencia como “terroristas-, el estado de excepción ha dado vía libre a la policía y al ejército para realizar detenciones basadas únicamente en la sospecha”, manifestaron.
Sobre la “criminalización de los movimientos sociales populares y activistas de derechos humanos”, este grupo de organizaciones internacionales, suscribieron su apoyo a sus pares nacionales, reiterando que el trabajo de estas ha sido la denuncia permanente sobre la necesidad de respuestas ante la desigualdad social, la concentración de la riqueza y las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la exclusión, que termina fortaleciendo el fenómeno de violencia que tienen mayor impacto en las comunidades y colonias más vulnerables.
“Son las y los jóvenes de los barrios de bajos ingresos a quienes les registran las mochilas los policías y militares, y son sus madres quienes acuden a las cárceles para tratar de encontrar a sus hijos, los cuales a su vez sufren la violencia generada por las pandillas y los impactos del aumento de la militarización y los abusos del gobierno bajo este estado de excepción”, expresan.
“Rechazamos los intentos del presidente (Nayib) Bukele de caracterizar a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas y a los líderes de los movimientos sociales que se organizan contra sus ataques a la democracia como -simpatizantes de las pandillas y terroristas- y reconocemos la peligrosa base que se está sentando para aumentar la persecución política, que ya es característica del gobierno de Bukele”, subrayaron.
Y comentaron que si bien la respuesta del gobierno salvadoreño a ese fin de semana cargado de alta violencia que cegó la vida de mucha gente inocente, -les preocupa- las personas inocentes de escasos recursos económicos que residen en estas zonas peligrosas, y se les siga aplicando la doctrina de la “Mano Dura” y “Súper Dura” utilizada en los últimos años para controlar la violencia pandilleril y que ha contado con la cooperación de otros gobiernos como los Estados Unidos.
“Desde el apoyo a una ley antiterrorista en 2006, basada en la Ley Patriota de EE.UU., la cual fue invocada posteriormente para perseguir a los miembros de pandillas, hasta la ayuda en la construcción de celdas de máxima seguridad. Estados Unidos ha sido un socio activo y un importante financista de gran parte del aparato que se utiliza actualmente en la proclamada guerra contra las pandillas del presidente Bukele”, sostienen.
“Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a su complicidad en la promoción de la militarización y las respuestas punitivas a la violencia de las pandillas, y de las violaciones rutinarias de los derechos humanos que de ellas se derivan; y a que adopte medidas rápidas y decisivas para retirar la ayuda a las fuerzas militares y policiales de El Salvador, así como a otras instituciones implicadas en el atropello de las libertades civiles y los derechos democráticos y humanos”, declararon.
Los firmantes de la Carta de Denuncia se comprometieron a permanecer atentos a la situación en El Salvador y seguir apoyando las denuncias de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las comunidades marginales y las personas lideresas de los movimientos sociales contra las violaciones de sus derechos fundamentales ante cualquier abuso de poder por parte del Estado.
