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Se tiene información de personas detenidas de manera arbitraria que llevan 2 años en la cárcel. Y que por reformas judiciales estarán 4 ó más años, sin que la Fiscalía les comprueben delitos.Foto Diario CoLatino/Cortesía.

Hacen llamado al Estado a liberar a todas las personas inocentes

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

En el marco de la conmemoración del Día de la Justicia Universal, designada desde el 17 de julio de 1998, cuando se creó la Corte Penal Internacional (CPI), la Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández” y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador (MOVIR) hicieron un llamado a liberar a todas las personas que se encuentran en detención del Estado, siendo inocentes.

La Corte Penal Internacional es un mecanismo universal contra la impunidad, que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, y ante la necesidad de crear “mecanismos para sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”, estos pueden ocurrir alrededor del planeta. Y es por esto que se crea el “Estatuto de Roma” y el Estado de El Salvador suscribió hace 8 años.

“El Estado salvadoreño, siendo parte del Estatuto de Roma, es el Estado 124 que lo ratificó en el año 2016, entonces debe tener en cuenta que existe este mecanismo internacional de justicia universal. Y que es posible que graves violaciones de lesa humanidad tanto del conflicto armado, como actuales se puedan presentar”, reseñó Alejandro Díaz.

“Especialmente, los casos actuales, ya que la jurisdicción (aplicación del derecho) de la Corte Penal Internacional inició desde el año 2002 , cuando se activó. Y es en esa línea que nosotros hacemos un llamado también al Estado salvadoreño a cumplir sus compromisos”, añadió.

Alejandro Díaz informó que han presentado ante la CPI un corto resumen de casos o informes de Tutela Legal MJH, en donde han reiterado “la situación grave de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones de detenidos, así como los asesinatos en manos del Estado”.

“En ese informe también reiteramos los llamados que han hecho instancias de derechos humanos regionales y universales, en donde el Estado salvadoreño le mandata a dar muestras de acceso a la justicia, reparación a las víctimas y de acceso a la información pública, que es algo que es una deuda que se tiene desde la instalación de este gobierno”, manifestó.

“Este comportamiento se evidenció también en la audiencias reciente de organizaciones con la CIDH, en donde el Estado no ha tenido forma de responder a estas denuncias, no ha tenido forma de responder a los llamados de visita que quieren hacer estas mismas instancias de derechos humanos al país”, reafirmó Díaz.

Siendo El Salvador el “Estado Parte 124” del Estatuto de Roma, y ha aceptado la jurisdicción universal que persigue graves crímenes como: Lesa Humanidad, Genocidio, Crímenes de Guerra y Agresión, Díaz, consideró oportuno recordar que en el “régimen de excepción”, que lleva 2 años de vigencia, se ha documentado que existen prácticas de tortura, desaparición forzada, violencia sexual, detenciones arbitrarias y asesinatos cometidos por agentes del Estado.

“Es lamentable que no hay evidencia de ningún tipo sobre la voluntad para mejorar la situación y tampoco para cumplir esos compromisos internacionales. A esto se suma la deuda histórica de justicia y estos graves casos deberían ser atendidos en instancias y jueces imparciales”, opinó.

En el marco de la conmemoración del Día de la Justicia Universal, cada 17 de julio, que creó la Corte Penal Internacional (CPI) la Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández” y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador (MOVIR), llaman al gobierno a liberar a todas las personas que se encuentran en detención siendo inocentes. Foto Diario CoLatino/Cortesía.

“La Corte Suprema de Justicia, a la que se ha presentado muchos recursos de Hábeas corpus, especialmente en estos últimos meses…”, pero esta institución no está funcionando, porque está coptada y no hay posibilidades que las víctimas o sus familiares accedan a una justicia imparcial y expedita, aseguró Díaz.

Alejandro Díaz señaló que tienen información de personas detenidas de manera arbitraria que llevan 2 años detenidos. Y que por reformas judiciales estarán 4 ó más años, sin que la Fiscalía les comprueben delitos, que obedecía más a “políticas” que a un plan de seguridad pública.

“Este día es para recordar o reiterar que existe este mecanismo de justicia y que el Estado de El Salvador, como firmante, está obligado a cumplir, así como ante el Sistema Interamericano (CIDH), son compromisos que deben cumplirse para que la población acceda a la justicia”, indicó.

“Hay casos de persecución de personas inocentes, denuncias individuales de casos de crímenes de guerra o lesa humanidad que han sido presentados ante la CPI, y este tribunal ya ha tomado cartas en el asunto, entonces, el gobierno deberá tener en cuenta esto y que de no funcionar la justicia nacional se puede acceder a este mecanismo”, reafirmó Díaz.

Gobierno persiste en la vulneración de derechos 

Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador (MOVIR), expresó su rechazo a los funcionarios gubernamentales ante la reciente Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos de la población salvadoreña.

“Como MOVIR estamos indignados, creemos que -ya a estas alturas-, la Comunidad Internacional sabe lo que pasa en este país, y que el gobierno siga negando que hay capturas arbitrarias, que no se cumple con el debido proceso, que hay personas que fallecieron en la cárcel sin tener conocimiento de la razón de su captura y sus familias sin saber lo ocurrido, sólo viendo los golpes y las torturas que recibieron antes de morir”, acotó.

“Y aún lo siguen negando, es inaudito, (Nayib) Bukele quiere ocultar todas las atrocidades a como dé lugar, y que bueno que haya una CIDH, a la que no dieron -atol con el dedo- y entendieron que el gobierno está mintiendo, porque los magistrados (de la CIDH) cuestionaron, cuando la canciller Hill dijo que las organizaciones estamos instrumentalizadas atendiendo agendas políticas, pero no lo creyeron”, aseguró Ramírez.

Todas las personas que integran el MOVIR son familiares de las víctimas que han sido capturadas de manera arbitraria. Y que todas estas familias sólo buscan información de sus parientes ante el silencio de las instancias de gobierno o las razones de la captura.

“Nosotros estamos realizando el trabajo de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República, por esto estamos cargando esos problemas de la población que busca a sus familiares capturados impunemente”, manifestó.

“Fuimos a la Corte Suprema de Justicia (16 julio) a presentar otras Hábeas corpus, porque la gente nos pide que agotemos todos las instancias, aunque creemos que es por gusto asistir por todas las resoluciones que dan -No ha lugar o Es improcedente-. Sabemos que el presidente Bukele, sigue ordenando  a estos magistrados no respetar el debido proceso y no cumplir con su mandato constitucional de servir al pueblo”, reiteró Ramírez

MOVIR presentará casos a comisionado presidencial 

Ante las declaraciones del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, ante la audiencia en la CIDH, donde negó la existencia de violaciones a los derechos humanos, y que no cuenta con ningún caso, Samuel Ramírez anunció que realizarán, como MOVIR, una visita a su despacho.

“Parece que no está en este país o no vive el dolor de las víctimas a violaciones de derechos humanos, que se dan todos los días, hay recapturas, tenemos registros de personas que los han recapturado por cuarta ocasión por el mismo delito de agrupaciones ilícitas. Tenemos padres que no saben qué hacer con su hijo detenido mientras presentan sendos folders con documentos que comprueban su inocencia”, alegó.

“Le pido al comisionado Guzmán que nos escuche, lo vamos a visitar y le entregaremos un paquete con documentos de personas que cumplen con los requerimientos para declararlos inocentes y los liberen de inmediato. Y queremos que lo lea, verifique y vaya donde tenga que ir a pedir su libertad. Ese paquete le va a refrescar la memoria. Quizás no sabe porque su trabajo del espionaje cibernético y el tema de los derechos humanos, no combinan”, puntualizó Ramírez.

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