Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Formalmente, el próximo 1 de mayo dejarán de existir 262 municipios.
Cada uno de estos municipios surgió lentamente, a lo largo de décadas y hasta siglos; pasaron de una condición a otra conforme se complejizaba la vida en su comprensión territorial, y hoy que llegan a su fin legal, vale la pena preguntar: ¿hacia dónde transitan?
Las familias, los negocios, los parques, los cementerios, las calles, sus mercados o plazas seguirán allí y saben que algo cambiará, pero no se sabe cuánto, cuándo y hasta qué punto.
A partir del 1 de mayo serán el distrito tal (conservando por ahora el nombre) y agregando la referencia a un punto con el que fueron bautizados por la Asamblea Legislativa, por el oficialismo.
Serán San Salvador Centro, Santa Ana Norte, Chalatenango Sur, Usulután Este y así sucesivamente.
Pasarán a recoger la basura, cambiarán la lampara quemada, limpiarán el cementerio, en caso de caída de arboles quiénes ayudarán a despejar el camino, en fin, hay más dudas que despejar en el cambio jurídico que provocó el afán de concentrar el poder en 44 territorios, regiones o nuevos municipios.
Pero las tasas que ahora se pagan por recolección y disposición final de desechos sólidos, por alumbrado, por parque, por fiestas patronales, seguirán siendo las mismas o sufrirán incremento para mantener la nueva burocracia que habrá de surgir, eso sí será una noticia que llegará pronto.
En el caso de San Salvador Centro, el anuncio ya fue hecho para el comercio informal. Se ha dicho por el alcalde electo, que operará el mismo plan de reordenamiento aplicado en el centro histórico de San Salvador, para Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mejicanos. Es decir que serán desalojados los que vendan en las calles de esos ahora distritos.
En el pasado, ese que se procura ocultar, instituciones estatales, llámese Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional de Registros y otros, se preocupaban por aportar a la historia y al cultivo de tradiciones culturales, información detallada de la conformación de estos municipios.
El origen de los nombres de los municipios, qué lo inspiró, cómo fue conocido antes Soyapango, cuál es el origen de la palabra que da el nombre a Guatajiagua (valle con cultivo de tabaco), de que etnia eran sus primeros pobladores, es decir, elementos para crear identidad, sentido de pertenencia.
En el pasado más reciente, los pobladores de muchos de los municipios (ahora distritos), recuerdan cómo vivieron la persecución, la represión, los escenarios de combate entre el ejército y sus apoyos y la guerrilla; recuerdan la labor pastoral y el martirio de sacerdotes y laicos.
En la medida que se trata de “refundar” un país, negando su historia y su identidad cultural, modificando instituciones, eliminado algunas y construyendo otras; tergiversando los hechos y construyendo una narrativa de odio y mentira, pareciera que se busca, incluso, borrar el nombre de sus municipios.
Costará mucho acostumbrar a Zaragoza a ubicarse como La Libertad Este, o a Lolotique acostumbrarse a decir que son de San Miguel Oeste.
Imposible que el olvido y la sobreposición de nuevos afanes, con el cambio de las jurisdicciones, pueda borrar todo, sin duda habrá resistencia.
El transito hacia el nuevo invento del oficialismo está lejos de borrar la identidad.
Ojalá las universidades, todas, enfoquen esfuerzos al estudio de la historia nacional, y este capitulo de mutación que ahora vivimos sea solo un punto más, y no la eliminación de la memoria.
Socialmente, en la vida cotidiana, el tránsito es a una vida con más dificultades, y el cambio de municipios puede convertirla en más complicada y más cara, menos accesible, marginadora contra lo que habrá que luchar.
Debemos recordar que la autonomía dada a los municipios y a las universidades tiene un sentido, facilitar la construcción de normas para convivir mejor, más adecuadamente a los que habitan ( caso de los municipios).
Es el arrebato a la autonomía el principal signo del cambio que viviremos a partir del 1 de mayo. Tocará luchar para que ese cambio afecte, lo menos posible, la ya precaria condición socioeconómica de decenas de miles de familias que habitamos el territorio nacional.