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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Como parte de las acciones encaminadas a combatir la evasión fiscal, el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el director general de Impuestos Internos, Douglas Rodríguez, presentaron 12 avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Los avisos buscan promover la acción penal por los delitos de evasión fiscal y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias contra diez sociedades (empresas) y dos personas naturales, que presuntamente realizaron estas prácticas entre los años 2016 y 2019.
Los doce casos de defraudación de impuestos al Estado suman más de $3,5 millones que, al añadir las multas y los intereses devenidos, totalizan más de $7,5 millones, que las autoridades indicaron se esperan recuperar. Asimismo, adelantaron que nueve casos más serán presentados en los próximos días.
“Esto pretende lanzar un mensaje claro y directo a los evasores: no vamos a ser tolerantes con la evasión, no hay mayor mal que afecte al Estado salvadoreño que el robo de los impuestos, porque son fondos que dejamos de invertir en nuestras escuelas y nuestros hospitales”, resumió Zelaya.
El viceministro de ingresos evitó revelar los nombres de las sociedades y personas naturales denunciadas ante el ministerio público, según explicó porque los expedientes tributarios son confidenciales por mandato constitucional y porque brindar datos sobre los contribuyentes cuestionados entorpecería la investigación fiscal.
También, el funcionario exhortó a los contribuyentes a “evitar llegar a ese punto”, en el que son denunciados ante la FGR, y recordó que desde el pasado 30 de enero se encuentra vigente el decreto 521, conocido también como Ley de facilitación para el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras. Bajo el decreto 521, los contribuyentes en mora con Hacienda pueden pagar o presentar declaraciones de impuestos sin hacerse acreedores de multas e intereses.
Hacienda ya implementa mecanismos de verificación de cumplimiento tributario en alcaldías, afirmó Zelaya, y hasta la fecha han constatado en algunos casos la apropiación indebida de retenciones a los salarios de los empleados.
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