@RosmeriAlfaro
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres presentó el proyecto de Ley para el Cobro de las Deudas Tributarias y Multas a Favor del Estado, como base de un nuevo modelo de cobro con el que Estado logre hacer efectivo el pago de las obligaciones que los contribuyentes adeudan, de una manera más ágil y eficaz.
Al mejorar los procesos de cobranza de tributos, dijo el ministro, se pretende recaudar alrededor de $300 millones que servirán para mejorar las condiciones de vida de la población, como la cobertura integrada a la seguridad ciudadana y la asistencia de programas sociales en las
áreas prioritarias de seguridad, salud y educación.
Hasta la fecha el actual modelo de cobranza del Estado registra una recuperación de deuda aproximado de 478 millones de dólares, de estos, 65 millones están en proceso de cobro dentro de la Dirección General de Tesorería, 182 en el Tribunal de Operaciones de Impuestos Internos, 104 millones en el Órgano Judicial y 126 en la Fiscalía General de la República.
A mayo de 2016, la Dirección de Tesorería registra un una recuperación de $18 millones, mientras que la Fiscalía 638 mil dólares, lo que muestra la dificultad de la recuperación de la deuda que tiene el actual modelo de cobranza.
El ministro indicó que con esta iniciativa de ley se pretende dotar a la administración tributaria de bases legales y efectivas que permitan un efectivo cobro persuasivo a los contribuyentes y deudores del fisco, lo cual permitiría mejorar las finanzas públicas y alcanzar la sostenibilidad fiscal, económica y social del país.
Cáceres señaló que el modelo actual de los cobros de los tributos es ineficiente debido a que los procedimientos de las leyes vigentes
limitan significativamente la recuperación por la fragmentación y dispersión de los esfuerzos institucionales, como la falta de atribuciones que permiten a la administración pública contrarrestar el uso de mecanismos dilatorios y algunos artificios por parte de los deudores del fisco que eluden, retardan o evaden el pago de los tributos.
El proyecto considera mecanismos para evitar la litigación malintencionada, de tal manera que ante una tasación de impuestos, si el deudor desea que el procedimiento de cobro se detenga, deberá garantizar el adeudo. Los deudores podrán acordar con la administración tributaria para pagar hasta por un año, el cual podrá ampliarse a dos años, bajo las condiciones de la ley.