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Por Alina Dieste/Leila Macor
Washington/Miami/AFP
Las críticas contra el presidente Donald Trump arreciaban tras la terminación del permiso de residencia temporal TPS para unos 59.000 inmigrantes haitianos, concedido tras el devastador terremoto de 2010 en el país caribeño.
«¡Haití no está listo!», claman por igual haitianos, activistas por los derechos humanos y políticos.
Rechazan que, como dice el gobierno, Haití esté en condiciones de ser retirado del programa humanitario Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite residir en Estados Unidos a ciudadanos de países devastados por desastres naturales o conflictos armados mientras la situación no sea segura para regresar.
«Haití es un manual sobre por qué continuar el TPS», dijo a la AFP Marleine Bastien, directora de FANM, la principal organización de la diáspora haitiana, concentrada en Florida.
Todavía hay desplazados del sismo de 2010 que mató más de 200.000 personas, y del huracán Matthew, que golpeó la isla el año pasado. Los huracanes Irma y María provocaron más daños hace apenas unos meses. La epidemia de cólera dejó 1,2 millones de personas contaminadas y aún falta infraestructura de acceso a agua potable. Y además, hay «alta inestabilidad política», enumera.
«Estados Unidos sabe que Haití no está listo. Quieren deportar a los haitianos para que mueran allí», asegura.
Unas 300 personas protestaban en las inmediaciones de Club Mar-a-Lago de Trump en West Palm Beach, donde el presidente era esperado el martes para pasar las vacaciones de Acción de Gracias.
«¡Estamos aquí para quedarnos! ¿Qué queremos? Re-si-den-cia», exclamaban los manifestantes, al deplorar la decisión anunciada la víspera por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que otorgó hasta julio de 2019 a los haitianos beneficiarios del TPS para buscar un estatus migratorio alternativo o regresar a casa.
Asilo en Canadá
El fin del TPS para Haití, que afecta a unos 59.000 ciudadanos y a sus cerca de 30.000 hijos nacidos en Estados Unidos, «romperá a decenas de miles de familias», dijo Gimena Sánchez, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una ONG de defensa de los derechos humanos.
Legisladores opositores y oficialistas también cuestionan la decisión.
Es «desmesurada», tuiteó el senador demócrata por Florida, Bill Nelson.
«Necesitamos una solución legislativa permanente», tuiteó.
«Estoy completamente en desacuerdo con la idea de que la situación en Haití ha mejorado», afirmó la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Mario Díaz-Balart, un congresista republicano de Miami, coincidió.
«Obligarlos a abandonar Estados Unidos sería perjudicial. Casi ocho años después, Haití permanece en total caos y aún requiere mucha reconstrucción», dijo.
«Insto a la administración a que reconsidere su decisión con respecto a los ciudadanos haitianos y nicaragüenses», agregó.
El TPS beneficia a más de 300.000 personas de una decena de países, la mayoría centroamericanos. Hace dos semanas el gobierno de Trump anunció el fin del programa para Nicaragua y dijo que «es posible» que Honduras pierda también su designación, que fue prorrogada hasta julio de 2018. En enero debe pronunciarse sobre el futuro de unos 195.000 salvadoreños.
Miles de haitianos viajaron en los últimos meses a la frontera con Canadá para pedir asilo.
«Estamos preparados para todos los escenario imaginables», dijo el martes el ministro canadiense de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale.
Contra «santuarios»
Trump, que ganó las elecciones hace un año con un duro discurso anti-inmigrante, pregona medidas enérgicas contra los extranjeros que pretenden vivir en Estados Unidos, tanto legal como ilegalmente, aduciendo que ha aumentado la delincuencia y representan una amenaza para la seguridad.
El DHS y el Departamento de Justicia (DoJ) han amenazado con recortar fondos a las ciudades y estados declarados «santuarios» en el gobierno de Barack Obama, donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados ante el gobierno federal para su deportación.
A principios de noviembre, el DoJ advirtió a California que perdería millones de dólares en fondos federales si seguía protegiendo a los inmigrantes ilegales.
La semana pasada la misma advertencia fue hecha a 29 ciudades, condados y estados «santuarios».
En respuesta, el lunes por la noche un juez federal de San Francisco dictaminó que la administración de Trump no podía cumplir sus amenazas, calificándola de inconstitucional y estableciendo un posible enfrentamiento en la Corte Suprema de Justicia.
