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César Villalona
2 de abril de 2025
El Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al Gobierno a olvidarse del bitcoin. Le permitió mantener la ley, para que el portazo no fuera tan duro, pero le cortó las alas, pues obligó a eliminar su uso obligatorio por parte de las empresas, a publicar los estados financieros de la billetera Chivo Wallet y a ponerle “fin al uso de fondos públicos y la participación pública en Chivo a fines de julio de 2025”.
Al FMI le preocupaba que el Estado perdiera dinero en ese mal negocio, pues sus finanzas están en crisis y hay riesgo de que no pague su deuda con los gobiernos y organismos multilaterales, con la banca privada y con los tenedores de bonos.
El bitcoin fracasó pero le ocasionó daños al pueblo, pues los estados financieros de la billetera digital arrojaron una pérdida de $6.7 millones. El Gobierno malgastó ese dinero del pueblo en un casino digital. También dilapidó $365 millones en cajeros, propaganda y otras actividades inservibles.
Es importante recordar las promesas que se hicieron con el bitcoin. La ley aprobada el 8 de junio de 2021 tiene varios considerando que tratan de justificarla. Uno de ellos dice que “con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital (…) a fin de acrecentar la riqueza nacional en beneficio del mayor número de habitantes”. Otro considerando dice que “es obligación del Estado facilitar la inclusión financiera de sus ciudadanos”. La ley entró en vigencia en septiembre de 2021 y los considerando fueron errados.
El bitcoin no fue ni podía ser moneda (dinero) de curso legal, porque no lo emite ninguna autoridad monetaria ni cumple con las tres funciones del dinero: Unidad de cuenta (los precios se fijan en dinero), medio de pago (de bienes y servicios, salarios, pensiones, impuestos y créditos) y reserva de valor (depósitos bancarios).
En El Salvador, las funciones del dinero solo las cumple el dólar. El propio FMI dijo en su “análisis del ecosistema bitcoin”, que el “bitcoin no cumple con los requisitos mínimos para operar como moneda”.
En realidad, el bitcoin es un activo digital privado y no se necesita una ley para que alguien lo compre o lo venda con ganancia o pérdida, como también puede comprar o vender una vivienda. Pero ni el bitcoin ni la vivienda son dinero en el sentido económico del término, sino activos, uno digital y otro físico.
Sobre el crecimiento económico (del PIB), si bien pasó de 2.8% en 2022 a 3.2% en 2023, en 2024 apenas fue de 2.6%. Y en 2025 arrancó mal, pues el Índice de Volumen de Actividad Económica de enero fue de apenas 0.2%.
La economía salvadoreña sigue siendo la que menos crece de Centroamérica. Incluso, en 2023 Honduras la desplazó del tercer puesto entre las economías de la región, pues su PIB de $34,480 millones superó los $34,016 millones del PIB salvadoreño. En 2024 la brecha creció a favor de Honduras.
Sobre la supuesta inclusión financiera que generaría el bitcoin, Bukele confundió la billetera digital que crearon muchas personas para recibir (en bitcoin) una donación de $30, con el acceso de esas personas al ahorro, al crédito y a otros servicios financieros. Es obvio que la mayoría de la población sigue excluida de dichos servicios. El FMI lo expresó de esta manera: “no existe evidencia de ningún caso de uso beneficioso de bitcoin para la población no bancarizada”.
Otras promesas del Gobierno fueron incluso más alucinantes. En el dictamen No.3 de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, del 8 de junio de 2021, se mencionó como ventaja del bitcoin que “es una moneda global: genera una apertura inmediata a la economía global, ya que se puede utilizar en todo el mundo”. ¡Impresionante!. Los diputados y diputadas oficialistas creían (y tal vez siguen creyendo) que El Salvador no tenía vínculos con la economía mundial y que el bitcoin era moneda legal en América, Europa, Asía, África y Oceanía.
La Comisión Financiera también dijo que “el bitcoin será uno de los elementos que permitirán el verdadero desarrollo económico de El Salvador”. Pero resulta que desde que la ley se aprobó la pobreza no ha dejado de crecer, pues pasó del 24.6% de los hogares en 2021, al 26.6% en 2022 y al 27.3% en 2023, según las encuestas de hogares de esos años. Y vale añadir que junto al crecimiento de la pobreza se disparó la deuda pública, del 84% del PIB en 2021 al 91% en 2024.
Desde finales de 2024 se aplica un programa de ajuste que arrojó al desempleo a miles de personas, provocó el cierre de 67 escuelas, 15 unidades de salud y las oficinas departamentales del Instituto de Desarrollo de la Mujer, redujo en 20,000 la matrícula escolar en el sector público (según el MINEDUCYT) y en 40,000 en el sector privado, entre otros males sociales.
¿Se estará desarrollando un país donde hay más pobreza, empeoran la salud y la educación, aumenta la violencia contra las mujeres, crece el desempleo, todo está caro, hay menos estudiantes y la economía tiende a estancarse?
Con el bitcoin, Bukele se vendió como un presidente digital de los siglos venideros, pero el pueblo le hizo el vacío, pues nunca creyó en su experimento.
