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Alejandro Henríquez
Nayib Bukele, desde su campaña electoral por la Presidencia de la República y, asimismo, en su “Plan de Gobierno” realizó una serie de promesas que despertaron la alegría y esperanza de muchas y muchos salvadoreños. Bukele aprovechando sabiamente el hartazgo y repulsión hacia los partidos tradicionales, despotricó en contra de ellos en su campaña electoral desde un discurso anticorrupción (el dinero alcanza cuando nadie roba); promesa que le valió para atraer un fuerte cúmulo de electores.
Y es que en las elecciones del 3 de febrero de 2019, la participación electoral rondó un 52 % de un padrón de 5.2 millones de salvadoreñas y salvadoreños. Bukele obtuvo el 53.1 % de los votos, seguido de la coalición de partidos de ARENA, PCN, PDC Y DS. En tercer lugar, se ubicó el FMLN, con el 14.4 % de votos. De esta forma, con el mayor ausentismo electoral en unas elecciones Presidenciales, Bukele, como candidato de GANA, logró romper el bipartidismo que predominó desde 1994 hasta 2019.
Una vez ganadas las elecciones y tomar posesión de su cargo (1 de junio de 2019) empezaron a producirse cambios en las instituciones del órgano Ejecutivo, entre ellos, la eliminación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la cual tenía como función, según Decreto Ejecutivo 86, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana e instituir mecanismos de transparencia en la gestión del Gobierno Central.
Además, el 6 de septiembre de 2019, el gobierno de Bukele, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) creó la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) con un proceso de negociación que careció de publicidad. Esta Comisión no posee herramientas necesarias para la investigación de indicios o casos de corrupción, ni cuenta con la independencia requerida, puesto que es una dependencia del Ejecutivo, lo cual pone en duda su correcto funcionamiento.
La creación de la CICIES pareció un avance en la lucha contra la corrupción, no obstante; el actual Gobierno, desde sus primeros días, cometió los actos que juró no realizar: contratación de familiares y amigos en cargos estratégicos del Estado y, con el desarrollo de la pandemia y la vigencia de leyes de emergencia que permitían exceptuar ciertas reglas legales de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y, asimismo, la suspensión de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública; se cometieron y cometen actos corrupción a través de la celebración de contratos entre el Estado y sociedades o empresas propiedad de funcionarios públicos, la utilización de información privilegiada y, posiblemente, malversación y mal manejo de fondos públicos.
Diversos servidores públicos con facultades de decisión política, recientemente, han sido salpicados de celebrar cuantiosos contratos con el Estado; lo cual resulta indignante, puesto que, aprovechándose de una situación de crisis, se han enriquecido a través de venta de insumos de protección, los cuales, dicho sea de paso, no son de la calidad necesaria para garantizar protección contra el nuevo coronavirus; pero, además de indignante, es contrario a la promesa de cero corrupción hecha por Bukele.
De hecho, en lugar de combatir la corrupción, el presidente Bukele ha creado y promovido las condiciones mínimas y necesarias para que la corrupción florezca. Es de saber que el combate a la corrupción requiere minimizar o eliminar los espacios que la permiten, fortalecer las instituciones, especialmente de órganos de fiscalización; la promoción de la participación popular; y la transparencia.
Todos los elementos para el combate a la corrupción significan una forma de actuación estatal, una política de Estado, que implica colocar en la ventana la mayor cantidad de información pública posible; es decir, que sea el propio Gobierno que se “abra” con la divulgación de datos de utilidad social-pública, de forma que este actúe de manera visible, predecible y comprensible.
De esta forma, se produce una especie de simbiosis, puesto que mayores grados de transparencia implican menores grados de corrupción; debido a que esta última únicamente emerge y crece cuando existe espacio para ocultarse; la corrupción necesita del encubrimiento para prosperar. En otras palabras, un Gobierno que no sea abierto al escrutinio público, que le cause molestia o perturbación la transparencia, que maquille u oculte sus actividades; está condenado a caer en la corrupción.
Y es que, precisamente, Bukele ha eliminado y debilitado órganos de control y fiscalización, aquellos que fomentan la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; mostrándose reacio y hostil en “abrir” datos o información de relevancia social-pública; con lo cual ha cultivado el escenario ideal para prácticas oscuras como las ya mencionadas.
El actual Gobierno cada vez se aleja más del combate a la corrupción, sí, mantiene la misma línea discursiva; pero no ha actuado en un combate real a la corrupción, de hecho, cierra espacios a la transparencia, como si este Gobierno ignorase que la transparencia es inexorable para evitar el florecimiento de la corrupción. Esta promesa, así como muchas otras, parece que será incumplida, pisoteando la esperanza que muchas y muchos salvadoreños tenían en Bukele respecto a la “nueva forma de hacer política”.
https://diario.elmundo.sv/las-10-promesas/
http://fusades.org/sites/default/files/AP_Resultados%20elecciones%202019_DEP_Marzo_2019.pdf
https://www.tse.gob.sv/2019/escrutinio-final/presidencial/index.html
