Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Con vigencia y respeto a la Constitución de la República y al Estado de Derecho, habrá autonomía municipal; mantener en mente el concepto ayudará a recuperarla algún día.
Con tantos cambios en el mundo, con la arbitrariedad como estilo de gobierno en varias partes del planeta, algunos sostienen que estamos pasando de la república al imperio, de la democracia a la anarquía, revitalizando el coloniaje; en buenas cuentas, para las personas y para las naciones, en vez de un orden rige el sálvense quien pueda.
En esa lógica, la población económicamente menos favorecida, tiene como horizonte el ser relegada, sometida a la precariedad.
Donde el ciudadano y la ciudadana tiene el primer nivel de lo que ha sido el Estado, sus municipalidades, está dejando de ser esperanza de auxilio para asegurar el alumbrado, el arreglo de la calle, la recolección de los desechos sólidos, la limpieza de los cementerios y el ordenamiento de los mercados.
¿Qué queda de lo que existió antes, como la posibilidad de ser tomados en cuenta en algunos municipios para definir en qué invertir, qué proyecto comunal o social priorizar con los siempre escasos e insuficientes presupuestos municipales?
Si antes los recursos financieros fueron escasos, insuficientes frente a las necesidades históricamente acumuladas en cada población dentro de la jurisdicción municipal, ahora, con la centralización, con el agrupamiento de territorios y poblaciones en la nueva comprensión territorial, pues serán más escasos.
Pero la carga en los recibos sigue y seguirá existiendo.
El artículo 203 de la Constitución de la República establece: “los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un código municipal que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas.”
Y en el Artículo 207, inciso tercero, se dice que para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos; y que una ley establecerá el monto de estos fondos y los mecanismos para su uso.
Hubo un tiempo en que las autoridades municipales fueron eliminadas, eso pasó bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, hubo abandono de los municipios y, con la firma de la paz en 1992, el compromiso con el desarrollo municipal llevó a la aprobación de un 6% de los ingresos tributarios netos, para ser distribuido con criterios de población, extensión territorial, pobreza y capacidad de gestión económica; ese porcentaje llegó a ser del 10%; y si bien, como se ha dicho antes, era aún insuficiente, ayudó a llevar los tributos a los territorios y a beneficiar con obras y procesos sociales, en algunos casos, incluso con becas a jóvenes, y hasta apoyo en gastos funerarios,
El FODES fue un mecanismo que, bien aprovechado, permitió a muchos municipios (ahora distritos) construir mercados, parques, sedes municipales, canchas, calles, puentes, caminos rurales y otros.
Eso se necesita siempre, pues los bienes materiales tienen duración limitada y requieren mantenimiento. Ahora todo eso se extraña, y se extraña incluso el respeto a las y los ciudadanos electos por la ciudadanía.
Así como en el mundo se esfuman las reglas del derecho internacional y convenios de derechos humanos y hasta de comercio, así se escurre entre las manos de los pocos funcionarios municipales electos la autonomía y las capacidades de gestión y administración municipal.
La centralización, incluso de la recolección de desechos sólidos, de la administración de mercados, va dejando en mayor precariedad a la población de los territorios que están más allá de los espacios creados para el turismo.
Es triste ver que hasta el valor de denunciar las carencias de las comunidades por parte de sus representantes se vuelve difícil, ya que el temor generado por leyes o por hechos gubernamentales, pensados como ejemplos y amenazas, también abarca a los funcionarios electos.
Se cuentan con los dedos de la mano los que salen por medios de comunicación a informar de los que ocurre en el laberinto de la gestión municipal de hoy.
Es que, sin autonomía, hasta pedirles cuentas por parte de la ciudadanía se vuelve difícil, pues los funcionarios electos, en la práctica, han perdido las facultades que la Constitución y las leyes les otorgan.
Se extraña la autonomía, un día deberá regresar.