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Más allá de que la Policía Nacional Civil (PNC) haya sido producto de un histórico Acuerdo de Paz, sovaldi que puso fin a 12 años de guerra civil, store y cuyos resultados y cumplimiento es digno de ejemplo a escala mundial -así lo dejó establecido el Secretario General de las Naciones Unidas, troche Ban Ki-Moon, en su reciente visita de tres días al país-, esta policía debe ser respaldada por la ciudadanía, no solo porque es blanco de un ataque de la delincuencia organizada, sino, también, porque sigue siendo vilipendiada por los grupos políticos y empresariales de la extrema derecha.
Y es que, a pesar de que en el país, se tiene claro que el tema de la inseguridad no es asunto solo de la policía, sino de políticas de Estado, es decir, de la sociedad y el gobierno en su conjunto, de forma malintencionada se culpa a la policía de ser la responsable, porque no elimina la criminalidad, léase homicidios, extorsiones, entre otros.
Pero, en la actualidad, a la policía no solo se le responsabiliza y se le acusa de que “no hace nada”, sino que se ha convertido en objetivo del crimen organizado, principalmente de las pandillas.
Así, por ejemplo, en los primeros 15 días de enero del presente año, siete agentes policiales han sido asesinados, por lo menos al momento de hacer este editorial. Mientras que el año pasado (2014) fueron asesinados 39 agentes, el doble de los casos registrados en 2013.
Fuentes policiales y periodísticas han informado que los grupos de pandillas ha dado instrucciones para asesinar un determinado número de agentes policiales al mes.
El miércoles pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, presentaron ante la Asamblea Legislativa un conjunto de disposiciones especiales al Código Procesal Penal, orientadas a garantizar que los crímenes cometidos contra policías, elementos de la Fuerza Armada, empleados de los centros penitenciarios, fiscales y jueces no queden en la impunidad.
Más de algunas de las medidas solicitadas por el Ministerio de Justicia podrían preocupar a algunos sectores de la sociedad civil, porque se podría prestar a abusos de autoridad, lo que puede enmendarse, con más vigilancia y monitoreo de la actuación policial de parte de la sociedad, en general, principalmente de los defensores de los derechos humanos.
No hay que olvidar que todos los elementos policiales han sido formados en policía comunitaria, en el que el respeto a los Derechos Humanos es un factor esencial en este modelo.
El Salvador, por el número de policías asesinados, ha pasado a un estadio superior del accionar criminal, y este debe tener respuesta, pero apegado a la legalidad y al respeto de los Derechos Humanos.
La Policía Nacional Civil tiene que ser protegida, no solo a partir de las leyes, sino, de la acción decidida de la ciudadanía.
