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Brasilia / AFP
Yanina Olivera
El presidente del Consejo Mundial del Agua (WWC), el brasileño Benedito Braga, instó a conciliar intereses y a reforzar los marcos regulatorios para garantizar que las inversiones privadas en proyectos hídricos no choquen con la preservación del medio ambiente ni con las comunidades locales.
Ciertas inversiones «pueden exacerbar problemas y amenazar el sustento de millones» de personas, por lo que se requiere contar con «instituciones públicas sólidas para regular el uso del agua en una cuenca», dijo Braga en una entrevista por mail con la AFP a inicios de julio.
Una «buena gobernanza minimiza los conflictos», subrayó el responsable, que se hallaba en Sao Paulo.
El WWC, con sede en Marsella (Francia), reúne organizaciones multilaterales, ONG, gobiernos, entidades privadas, académicos y asociaciones de usuarios. Su principal meta es alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS6) fijado por la ONU, que busca garantizar el acceso al agua y al saneamiento a toda la población mundial en 2030.
«El sector privado, a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías para un mejor manejo del agua (…), debe vincularse con otros actores y autoridades para asegurar que todos trabajan con los mismos objetivos de seguridad hídrica», recomienda Braga.
Desafíos
Para alcanzar las metas del ODS6 «se necesita unos 650.000 millones de dólares de inversión anual de aquí a 2030, solo para asegurar la infraestructura necesaria», estimó el funcionario.
Los gobiernos deben colocar el tema «en el centro de sus objetivos de desarrollo estratégico» e involucrar «a los sectores energético, agrícola y de producción alimentaria, así como a los servicios urbanos», preconizó.
Pero también deben «fomentar las políticas y reglamentaciones ambientales necesarias para alentar una mayor inversión en el sector».
«Es vital trabajar en conjunto con todos los actores» y «convencer a la comunidad política de implementar políticas públicas para que el sector privado aporte financiamiento», insistió.
La tarea es urgente: según la OCDE, 240 millones de personas seguirán sin acceso al agua potable y 1.400 millones sin saneamiento hacia 2050.
Braga consideró que «los países de América Latina y África tienen un largo camino que recorrer para adecuar su marco regulatorio» a las necesidades de seguridad hídrica y de saneamiento, aunque apunto avances en las legislaciones de Brasil, México y Sudáfrica para «implementar una legislación moderna» que involucre a la sociedad civil en la toma de decisiones.
«En África los desafíos son enormes» y sus países deben «priorizar» el tema «en la agenda política», pero «la realización del 9° Foro Mundial del Agua en Senegal en 2021 será una buena oportunidad» para ello.
La octava edición del foro tuvo lugar en marzo en Brasilia. Su declaración final afirma «la necesidad de solicitar vías de inversión estratégicas más amplias, que mejoren la resiliencia y reduzcan los riesgos exacerbados por el cambio climático».
Asimismo, reclama un «enfoque urbano-rural integrado» e identifica a la agricultura «como usuario clave del agua» que debe ser «parte integral del debate».
Cerca del 70% del agua utilizada globalmente tiene «propósitos agrícolas». Por eso, el «uso eficiente» y «sin desperdicios [del agua] en la cadena de producción alimenticia esa extremadamente importante», agregó.
