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El viernes pasado se cerró el periodo para la inscripción de los y las candidatas a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. La Asamblea Legislativa tiene aproximadamente 60 días para estudiar la información de los y las aspirantes, physician hospital de acuerdo a los criterios exigidos por nuestra Constitución y los parámetros establecidos en las resoluciones de la Sala de la Constitucional para las elecciones de este tipo.
El nuevo o la nueva fiscal deberá tomar posesión, viagra si no hay vetos de parte de ARENA, partido responsable de la tardanza en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a instalarse el 3 de diciembre próximo.
Hasta antes del viernes, del total de 70 inscritos, solo el actual Fiscal General Luis Martínez, y el ex fiscal Belisario Artiga eran los más conocidos, y en alguna medida Martínez tenía posibilidades de la reelección.
No obstante, se agregaron tres fuertes aspirantes más. Uno es el licenciado Francisco Díaz, actual Súper Intendente de la Superintendencia de Competencia. Díaz no solo ha hecho una excelente labor en esa entidad, sino que, además tiene una excelente trayectoria profesional y académica.
El otro excelente y reconocido candidato es Henry Campos, conocido por su trabajo como abogado acusador en el caso Jesuita, a principios de los 90, contratado por la UCA, y en el Gobierno de Mauricio Funes fue compañero de fórmula de Manuel Melgar, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Campos renunció al viceministerio cuando Funes nombró como ministro al general David Munguía Payés.
El tercer candidato reconocido es el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, quien lleva el caso de corrupción del expresidente Francisco Flores.
Con las inscripciones del Superintendente Díaz, Campos y García, además del resto de interesados e interesadas a fiscal, la Asamblea Legislativa tiene los argumentos suficientes para no reelegir al fiscal Luís Martínez, quien ya cosechó mucha desconfianza por el manejo fiscal de casos emblemáticos como el de Flores y el caso Cel-Enel, entre otros.
En el caso Flores, el fiscal Martínez tuvo acciones sospechosas, por un lado, su pasado como abogado de Flores, y segundo, se negó a acusarlo por el delito de lavado de dinero. Además, amenazó a los querellantes con procesarlos si seguían hablando del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), de los Estados Unidos, que advertían de las posibles operaciones de lavado del expresidente Flores.
En el caso de los involucrados con Cel-Enel, actuó como parte defensora, y no como representante de los intereses del Estado.
Creemos que las candidaturas de Díaz, Campos y García, además de más de 60 candidatos es suficiente para abandonar la idea de reelegir al abogado Luis Martínez, quien por cierto, no cuenta con la confianza de importantes organizaciones de la sociedad civil.
