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En primer lugar es necesario recordar que el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano, fundamental por diversos ordenamientos internacionales, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que se le puede agregar la Constitución de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.
El Derecho a la Información, entonces, es una garantía fundamental para que toda persona pueda buscar información, informar y ser informada, por lo que incluye las libertades de expresión y de imprenta, entre otras actividades relacionadas.
Este derecho, estas libertades, entonces, están en contra de todo tipo de censura, que incluye la censura oficial y la autocensura, principalmente, pero también contra el acoso de las entidades contra periodistas y medios de comunicación.
Resulta que en El Salvador, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entidades de gobierno mantienen acosos contra medios y periodistas.
La propia presidente de la APES, Angélica Cárcamo, ha sido objeto de acciones intimidatorias de parte de las autoridades de seguridad.
La APES denunció, a finales de la semana pasada, que Cárcamo sufrió actos de intimidación por parte de elementos de la Fuerza Armada. Y es que dos elementos uniformados fueron captados vigilando frente a la residencia de la periodista, y esta sería la segunda ocasión.
Pero el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas no solo registra el caso de la presidenta de la APES, sino de otros periodistas de diversos medios que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha identificado como “hostiles” o “incómodos”. A lo anterior hay que agregar otras acciones por parte de otras entidades del Estado.
Hace más de dos semanas un Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, a petición de la Fiscalía General de la República, censuró el reportaje de la revista FACTUM titulado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a trece víctimas”.
Sin lugar a duda, y tal como lo señalamos en otro editorial, el motivo de la censura fue porque el reportaje contradice la narrativa del Gobierno respecto a lo ocurrido en Chalchuapa, que no solo contradice la efectividad del Plan Control Territorial del Gobierno, sino también su negativa a la existencia de desaparecidos.
Y más recientemente, el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador ordenó a Diario Co Latino, mediante un escrito, que se retirara cualquier información relacionada al caso QUIMAGRO, aludiendo que el caso tiene “reserva de publicidad”, por lo que Diario Co Latino se vio obligado a retirar la información relacionada al caso mencionado, tanto de la web como de las redes sociales, incluyendo la nota titulada “Sala de lo Constitucional falla a favor de QUIMAGRO”. Se supone que toda resolución de la Sala de lo Constitucional es de dominio público, y por tanto no puede ser censurada por una autoridad inferior, en este caso el Juzgado de lo Civil y Mercantil.
El tema de la censura se está volviendo una constante en el país, lo cual es grave, porque viola toda normativa nacional e internacional sobre el Derecho a la Información, como los citados en el los primeros párrafos de este editorial.
Que lo anterior, incluido al acoso de los periodistas, puede llevar al gremio periodístico a recurrir a la autocensura, como ocurrió en los años de la dictadura militar, lo cual agravará el Derecho a la Información en El Salvador.
Por todo lo anterior es necesario que la sociedad civil, el gremio de periodistas y los medios de información den la lucha para garantizar, pese al autoritarismo que se está instaurando en el país, el derecho a la información, que ya es un Derecho Humano, de acuerdo con las Naciones Unidas.
