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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, consideró que cuando existen señalamientos o indicios de corrupción de cualquier partido que haya gobernado en las alcaldías o en el Ejecutivo “hay que investigar”, ya que el dinero que maneja el Estado es de la ciudadanía. Las declaraciones de la legisladora las hizo en el contexto de la presentación de avisos que interpuso la Corte de Cuentas de la República en la Fiscalía General de la República (FGR).
La CCR presentó 10 avisos en la FGR sobre posibles ilícitos penales, relativos a inadecuada administración de más de $9 millones en 10 Alcaldías, correspondientes a gestiones municipales que finalizaron su período el 30 de abril de 2021.
“Hay que investigar la corrupción del pasado y la corrupción que podría estarse dando actualmente, creo que la gente espera que la justicia llegue de forma pareja, que llegue a quienes han cometido ilícitos independientemente si están en el grupo de poder de antes o de ahora”, destacó Ortiz.
La legisladora participó este lunes en la sesión de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, ya que se daría ingreso al proyecto de Ley de Compras Públicas y que derogaría la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Estamos viendo unas similitudes con la LACAP, pero también hay otros temas que están llamando la atención, que habla, por ejemplo, que las compras de Seguridad y de Defensa van a poder pasar sin una evaluación más pormenorizada. Habla que cuando haya régimen de excepción no se va pasar por una licitación más competitiva o normal, sino que se puede hacer compras directas”, comentó Ortiz.
Ortiz dijo que estudia las diferencias sustanciales “con la prioridad de buscar que se garantice que se cuide el dinero de la gente y se prevenga la corrupción. No podríamos aceptar una nueva ley que si fuera el caso estaría teniendo requisitos más relajados o espacios más amplios para el abuso de los fondos públicos”.
La legisladora aseguró que es lógico pensar que la LACAP necesita una actualización, pero que esta no sirva para generar un marco legal para favorecer la discrecionalidad, pues no se puede ignorar el contexto, donde existen proyectos que afectan al medio ambiente, proyectos en el marco de una política de seguridad pública que se ha caracterizado por la falta de transparencia y el abuso en el uso de los recursos públicos.
