Gerardo A. Godoy R.
Es bien sabido que funcionarios y personal de mediano y alto nivel técnico y administrativo, disfrutan de Seguros Médicos privados, que se pagan con fondos del Presupuesto Nacional, aun cuando la Nación dispone de un Sistema de Seguridad Social, que incluye la atención médica.
Resulta incomprensible que el Estado permita y pague seguros privados a empleados públicos, que tienen derecho y deberían utilizar los beneficios que ya otorgan instituciones, por ejemplo, el ISSS.
Como funcionarios, estos ciudadanos en el uso de sus funciones y responsabilidades deberían promover el buen uso de fondos públicos, mejorar la Seguridad Social y hacer uso de ella. No obstante, un número considerable de funcionarios de alto, bajo y mediano nivel, para citar algunos ejemplos, en instituciones como Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Ministerios y personal adscrito a programas especiales de confianza y seguridad del Estado, se benefician de salarios especiales y prestaciones privadas.
La cobertura nacional del ISSS, en más de sesenta años de funcionamiento, no se ha logrado.
Un porcentaje significativo de la población, aproximado a un 55 %, permanece sin acceso a los servicios que hoy presta, por lo que los logros alcanzados desde su creación, en Diciembre de 1949 (Ley del Seguro Social del 28 de Septiembre de ese mismo año), son parciales e incompletos. Por descuido, falta de interés e irresponsabilidad administrativa de sucesivos gobiernos (todos), su lento desarrollo ha impedido incorporar a la Seguridad Social y programas afines a amplios sectores de la sociedad, principalmente de sectores marginales de ciudades y del campo: niños y ancianos, hombres y mujeres, Villas y Cantones carentes de servicios básicos, de escuelas aceptables, de vivienda, de salud, de trabajo decente, viven con dificultades y sin acceso al Sistema de Seguridad Social. Corregir este lamentable descuido, merece atención integral del Estado para ampliar los servicios, descentralizar algunos, diseminarlos en todo el territorio nacional, hasta cubrir a compatriotas moradores del más humilde Cantón de la República. Para lograrlo, la Nación requiere la elaboración de un plan especial y compromiso político inclusivo, con visión de país, de todos los actores sociales, y a corto plazo.
Todos los empleados públicos, desde la Presidencia de la República, hasta el más humilde trabajador rural y entorno familiar, tiene derecho y debería gozar de los beneficios de la Seguridad Social a nivel Nacional. En consecuencia, el gasto en que se incurre al pagarle Seguro Médico Privado a funcionarios públicos, que ya disfrutan de los servicios de la Seguridad Social y prefieren no utilizarlos, no es correcto y debe suspenderse, eliminarse, prohibirse. Ese dinero, como también el de sobre sueldos y gastos suntuosos festivos y de transporte, por ejemplo, al eliminar el mal uso que en estos casos se hace de fondos del Estado, será un ahorro importante del Presupuesto Nacional, que bien puede utilizarse para mejorar servicios, programas y servicios como es el caso del ISSS, y en buena medida también lo que en Salud Pública hace MINSAL.