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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El expresidente de la República, help illness Mauricio Funes, dijo que el gobierno de El Salvador está siendo víctima de un movimiento conspirativo que las derechas de la región están implementando en varios países latinoamericanos gobernados por la izquierda. “Estas derechas retrógradas buscan hacerse de nuevo con el poder del Estado, a como dé lugar, a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia”, denunció el exmandatario.
Funes afirmó que no se puede negar que en algunos países como Brasil, Argentina, Ecuador, y Guatemala y Honduras, se han generado movimientos ciudadanos exigiendo mayor transparencia a los gobiernos, pero que, incluso, en el caso de la corrupción en la estatal brasileña Petrobras, la institucionalidad ha funcionado.
En el caso del desvío de fondos de Petrobras, Funes señaló que tanto funcionarios del Gobierno como empresarios propietarios de las más grandes empresas brasileñas de la construcción, o su staff de ejecutivos, están siendo investigados, de manera independiente y una buena parte de estos han sido detenidos.
“La mayoría de ellos guardan prisión en cárceles comunes; ahí no gozan del privilegio del arresto domiciliar como ocurre acá, por ejemplo, con el caso del expresidente Francisco Flores. Incluso en Brasil, ya las primeras sentencias de varios años de cárcel para políticos y empresarios, comienzan a darse”, dijo Funes.
El exjefe de Estado resaltó que la justicia brasileña ha demostrado que sí funciona al procesar y condenar a los implicados en el caso Petrobras sean estos funcionarios o exfuncionarios de diferentes partidos de izquierda y derecha, así como grandes empresarios, a diferencia de El Salvador donde hay gente con poder económico que es intocable.
“Allá (en Brasil) el aparato judicial no es como decía años atrás nuestro obispo mártir, el beato Óscar Arnulfo Romero, una serpiente que solo muerde al descalzo. Ahí no hay corona que impida ser procesado e ir a la cárcel”, sostuvo.
El exmandatario señaló que a pesar de que la justicia brasileña está funcionando con las condenas a los implicados en el caso Petrobras, la ultraderecha, con el apoyo de grandes empresas mediáticas, llevan adelante una campaña que exige la renuncia de la presidenta Dilma Roussef, pero que esta fórmula de desestabilización a gobiernos de izquierda se está aplicando en varios países.
“Hago mención de ese caso porque sirve de ejemplo, casi de muestra de laboratorio, del poder desestabilizador que aún conservan sectores oligárquicos del continente, que no funcionan solos ni tampoco de forma aislada”, señaló.
“Lo que está ocurriendo en Brasil, advirtió Funes, no está aislado de lo que ha ocurrido en Venezuela, Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile e incluso, más cerca, acá en Guatemala y Honduras”.
En el caso de El Salvador, afirmó el primer presidente de izquierda en el país, los casos de corrupción registrados no tienen la dimensión tan “dramática y escandalosa” de Petrobras en Brasil, especialmente por la cantidad de dinero en juego.
“Quizás, yo diría que a lo sumo o a lo mejor la privatización de la banca pudiera haber reunido similar cantidad de dinero que ha sido desviado de la petrolera estatal o bien si juntamos todo el saqueo que ha hecho la derecha oligárquica de los bienes públicos de nuestro país, por décadas, quizás entonces pudiera llegar a hablarse de las cifras multimillonarias que se han movido en esta operación”, afirmó.
Lo que sí es comparable con el caso brasileño, dijo el expresidente, es el mecanismo utilizado, por medio del cual “dineros públicos van a parar a bolsillos privados, valiéndose del control que algunos sectores políticos y empresariales tienen de las instituciones”.
Funes dijo que se debe dejar claro que no se trata de corrupción de funcionarios públicos y de políticos, sino que también involucra sectores empresariales que se convierten en los “corruptores”.
Fue ese mecanismo que su gobierno, dijo Funes, intentó exponer y lo denunció públicamente durante su administración y por el cual fueron abiertas investigaciones profesionales e independientes que ANEP y ARENA ha calificado de «acoso o persecución política» y es por ello que la derecha ahora hace todo lo necesario para recuperar ese poder y controlar de nuevo las instituciones que antes les servía para operaciones de corrupción.
