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@arpassv
Ayer hubo dos acontecimientos que contribuyen significativamente al avance del acceso a la información y la libertad de expresión, que valen la pena destacar.
El primero es que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitió una demanda contra los magistrados de la Sala Constitucional, que niegan información sobre un encuentro que tuvieron con dueños y directores de medio conservadores en un local del Grupo Poma el pasado 23 de julio.
Un ciudadano demandó a los magistrados, inconforme porque éstos no quieren decir quién convocó la reunión, los temas de discusión y qué acuerdos tomaron. El IAIP solicitará la información a la Sala y hará una audiencia el 16 de septiembre próximo.
Obligar a la cuestionada Sala a rendir cuentas sobre la sospechosa reunión con los principales medios hegemónicos, es un acto que favorece el derecho ciudadano de acceso a la información pública y la transparencia que deben tener todos los funcionarios e instituciones estatales.
Y el segundo hecho se refiere a que el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador rechazó la petición de secuestrar computadoras y equipos electrónicos del tuitero Alejandro Muyshondt, acusado de delitos contra el honor por Inversiones Roble.
Muyshondt enfrenta una demanda por difamación y calumnias interpuesta por el Grupo Poma, por publicar en la red social Twitter información sobre el escándalo de los “Panamá papers” que relacionan a Inversiones Roble con empresas offshore, información que fue retomada de otros medios.
Enhorabuena que el Juzgado no se preste a las maniobras de represalia del poderoso grupo Poma contra un informador ciudadano que evidenció prácticas empresariales que podría tipificar como evasión tributaria y otros delitos fiscales.
Las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población honrada deben respaldar la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a la Sala Constitucional; así también defender la libertad de expresión e información violentada en la demanda por difamación y calumnia contra Muyshondt.
El país debe repudiar la persecución judicial que impulsa el oligárquico Grupo Poma contra informadores que lo critican, como Alejandro Muyshondt, y activistas que lo denuncian, como Sonia Sánchez.
Sánchez fue también acusada de difamación por señalar anomalías en el permiso ambiental y advertir los daños ecológicos de un proyecto urbanístico de Inversiones Roble en Santos Tomás; sin embargo fue absuelta el pasado 23 de agosto. Por tanto, la demanda contra Muyshondt debe ser también desechada.
