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Es de reconocer que las masivas capturas de presuntos pandilleros han llevado tranquilidad a miles de familias en las comunidades o barrios populares en distintos puntos de El Salvador, sobre todo en la capital y las ciudades circunvecinas, y esto lo aplauden no solo seguidores del presidente Nayib Bukele, sino también la oposición política y social. Lo que no aplaude la oposición política y social es el mecanismo que el Gobierno de Bukele ha utilizado para desarrollar esas miles de capturas, nos referimos al Régimen de Excepción que impera en el país desde marzo de 2022, que ha llevado a la cárcel a miles de inocentes, reconocidos por el mismo presidente, y otras violaciones que se cometen al amparo de la mencionada ley.
El Estado de Excepción no era, ni es necesario para capturar a los mareros y pandilleros, pues desde hace varios años, diez años en promedio, se aprobaron leyes para combatir a las pandillas, a la que habría que agregar una resolución de la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia, que declaró terroristas a los diferentes miembros de pandillas.
Una de esas leyes que hace innecesario el Estado o Régimen de Excepción es la Ley antimaras, la cual, en su Art. 2, dice: “La presente ley se aplicará a todas las personas mayores de doce años de edad, que cometan los delitos o faltas contempladas en esta ley o en Código Penal, que en lo sucesivo podrán denominarse conductas, dentro del territorio nacional. Los infractores de doce a dieciocho años de edad miembros de maras o pandillas gozarán de trato y procedimiento especial determinados en esta ley”.
El Art. 6 dice: “El que integre una mara o pandilla que amedrenta u hostigue o de cualquier forma amenace a personas, barrios o colonias será sancionado con prisión de dos a cinco años”.
Una segunda ley antipandillas denominada Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, en su Art. 1. dice: “Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras
Mientras que Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales en su Art. 4 expresa: “La persona que integre, pertenezca o se asocie con una agrupación conocida como Mara o Pandilla será sancionada con prisión de tres a seis años. La pena se agravará hasta la mitad del máximo señalado cuando la persona sea Cabecilla, Líder o Jefe de Agrupación, sea a nivel nacional o de un territorio determinado. Cuando este tipo penal se presente en unión de otras figuras delictivas contempladas en esta Ley o en otros cuerpos normativos de naturaleza”.
Es decir, instrumentos legales para perseguir a los grupos delincuenciales hay suficientes en el país, por lo que la Ley del Régimen de Excepción era innecesaria, al menos que hubiese otras pretensiones, que las hay.
El Gobierno está utilizando el estado de excepción para tener sometido al pueblo, para que no proteste, para que agache la cabeza y se ponga de rodillas ante un policía y un soldado como sucede todos los días y todas las noches en los lugares militarizados.
Es común ver, sobre todo por las noches, a soldados que tienen a jóvenes hincados, con las manos sobre la cabeza, bajo la sombra del alero de una vivienda o de los árboles, mientras revisan la documentación o hasta que les da la gana dejarlos ir, si no es que, por su apariencia, los vuelve “sospechosos” y se lo llevan a la delegación policial más cercana.
Hoy, por la ley de excepción, al igual que en la década de los 70 y 80, los jóvenes por ser jóvenes, por la forma de vestir o por tener la desdicha de vivir en zonas marginales o populares, son sospechosos de ser pandilleros o mareros.
En los 70 y 80 los jóvenes de los sectores populares eran sospechosos de ser “terroristas comunistas o subversivos”, y los capturaban o los enlistaban para el ejército. Otros eran llevados a las bartolinas en calidad de desaparecidos. Los que tenían suerte eran llevados a los centros penales, otros engrosaban las listas de desaparecidos, hasta la fecha, por cierto, muchos continúan en esa calidad.
Pero en los 70 y 80 esa realidad represiva era bandera de lucha de la juventud, de las organizaciones populares y sociales, de la Universidad de El Salvador. Hoy, son pocas las organizaciones populares y sociales que protestan, a pesar de que son perseguidas, vilipendiadas por el gobierno de turno. Mientras que la Universidad de El Salvador se ha vuelto cómplice al aplaudir la persecución generalizada.
Los intelectuales orgánicos del bukelismo no solo han renegado de la memoria histórica, sino que hoy aplauden lo que ayer combatían.
Pero habrá otros intelectuales orgánicos apegados a sus principios que estarán dispuestos a elevar la voz y seguirán siendo consecuentes con su análisis certero de la realidad nacional, y seguirán señalando que la ley de excepción no es para combatir delincuentes, sino a la oposición política y social de El Salvador.
