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Julia Evelyn Martínez
La homeopatía es una pseudociencia que se fundamenta en el principio que lo “similar cura lo similar”, es decir, en la creencia que la curación de las enfermedades se puede lograr mediante la aplicación de pequeñas dosis de sustancias que, aplicadas en grandes cantidades, producirían los mismos síntomas de la enfermedad que se pretenden curar.
Muchos economistas practican sin saberlo la homeopatía económica. Es el caso de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando frente a la caída en el crecimiento económico y el aumento en el desempleo que provocan las políticas de austeridad fiscal, recomiendan a los gobiernos más austeridad fiscal. También es el caso de los economistas que contribuyeron a la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), quienes frente a los efectos negativos del crecimiento económico sobre el aumento de la temperatura global y el cambio climático (ODS 13), proponen aumentar la tasa de crecimiento de la economía (ODS 8).
En el medio salvadoreño también está proliferando la homeopatía económica. Se trata de una nueva especie de economistas locales que proponen una novedosa receta contra los males del neoliberalismo, y que consiste nada más ni nada menos, que aplicar “pequeñas dosis” de más neoliberalismo.
El neoliberalismo es un paradigma filosófico, político y económico, según el cual la mejor manera de promover el progreso de las economías y el bienestar de la ciudadanía es mediante el debilitamiento de lo público y el fortalecimiento de lo privado.
Las alternativas para lograr este doble objetivo son muchas y están en constante desarrollo. Las medidas neoliberales más populares son la privatización y/o concesión de bienes públicos y servicios públicos, el despojo a comunidades de bienes comunes (semillas, conocimientos ancestrales, vías de acceso, playas, recursos marinos, tierras de uso comunitario, bienes culturales, mantos acuíferos, etc.), la reducción del gasto público, la reducción o exención de impuestos a las empresas, la desregulación de los mercados y de los precios, la liberalización del sistema financiero, la apertura comercial, la atracción de inversiones extranjeras directas y la creación masiva de empleos precarios.
Una de las medidas neoliberales más innovadoras y prolíficas entre gobiernos de derecha e izquierda son las zonas económicas especiales. El 71% de estas zonas especiales se encuentran en Asia oriental, África Subsahariana y Latinoamérica, siendo el mayor período de expansión a partir de la década de los noventa, de forma paralela a la popularización del Consenso Neoliberal (Consenso de Washington) y al proceso de restauración capitalista en Rusia, China y el Oeste de Europa. Estas zonas consisten en franjas de la geografía de un país, en las cuales se ubican empresas extranjeras y nacionales que son atraídas hacia esos territorios por la posibilidad de aumentar su tasa de rentabilidad mediante la reducción de costos de operación y de transacción, el acceso privilegiado a recursos naturales, bienes públicos y/o bienes comunes, así como la no interferencia regulatoria del Estado sobre sus actividades.
No existe una sola modalidad de zona económica especial. Algunas zonas son gestionadas por entes totalmente públicos; en otros modelos, esta gestión puede ser realizada por entes mixtos (público-privados), mientras que una tercera modalidad, considera que la gestión territorial debe ser entregada complemente a los inversionistas privados (ciudades chárteres). El carácter neoliberal de esta medida no se puede juzgar a partir de la “denominación de origen” del modelo de zona económica especial que se adopte (modelo cubano, modelo africano, modelo asiático, modelo europeo, etc.) ni tampoco a partir del grado de pérdida de soberanía nacional que se experimenta en los territorios. La naturaleza más o menos neoliberal de las ZEE debe más bien determinarse a partir de la respuesta a una pregunta crítica: ¿las reformas legales e institucionales que se aplicarán en la ZEE están orientadas a fortalecer al Estado y a lo público en los territorios o están orientadas a fortalecer al Capital privado y a las empresas privadas en los territorios?
Sí aplicamos la pregunta anterior a la propuesta de ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental presentada el pasado de 3 de julio por el Gobierno de El Salvador, y respondemos honestamente a la misma, la respuesta es inequívoca: las reformas legales e institucionales que se proponen fundamentalmente están encaminadas a fortalecer al Capital privado en los 26 municipios de la ZEE Sur oriental y a debilitar la presencia territorial del Estado, con el consiguiente debilitamiento de lo público y despojo de bienes comunes a la ciudadanía.
La propuesta de ZEE en la región sur oriental del país que defienden los economistas homeópatas debilita lo público y fortalece lo privado por varias razones. Entre estas razones, pueden destacarse al menos tres.
En primer lugar, la propuesta se inscribe en la tradición neoliberal de otorgar a los inversionistas privados exenciones fiscales TOTALES sobre el pago de la renta, el pago del IVA, el pago de impuestos municipales y el pago de aranceles sobre sus importaciones y exportaciones. Con esto se debilita al Estado y a los gobiernos municipales en la medida que no podrán recaudar impuestos que posteriormente se podrían transformar en recursos públicos dirigidos al cumplimiento de las funciones y obligaciones que la Constitución y/o el Código Municipal les asignan para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
En segundo lugar, la iniciativa de ZEE promueve la privatización de la gestión de la política social, en la medida que determina que el 3% de las inversiones privadas totales que se realicen deben destinarse a obras de beneficio comunitario, las cuales deberán ejecutarse directamente por las empresas privadas y no por las instituciones públicas a las cuales corresponde esta función legítimamente. De esta manera, se conduce a una distorsión del carácter público de las obras y servicios de salud, educación, gestión hídrica, etc., y se induce a la ciudadanía a ver con normalidad que estos servicios sean provistos por entes privados. Esta privatización de la gestión social se refuerza con la autorización que se concede a las empresas desarrolladoras de incluir en sus planes de negocios la construcción de proyectos urbanísticos, proyectos de salud, proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas, proyectos de construcción de escuelas y centros de capacitación técnica, construcción de espacios recreativos y culturales, proyectos de transporte público y otros servicios varios.
En tercer lugar, el Gobierno propone la creación de un Consejo Directivo de la ZEE Sur Oriental con la función de dictar las directrices y lineamientos para la implementación de políticas públicas integrales. La composición de este organismo incluye representantes del sector público y del sector privado, y excluye a representantes de la clase trabajadora y de las comunidades, con lo cual se sigue el mismo modelo privatizador de la gestión pública propuesto por la Asociación Nacional de la Empresa privada (ANEP) y el partido ARENA para la gestión de la Ley General de Agua que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en el año 2009 una advertencia sobre los efectos negativos y/o contraproducentes que puede conllevar el uso de tratamientos homeopáticos para tratar varias enfermedades con un alto índice de mortalidad, como la tuberculosis, el VIH/SIDA, la malaria, la gripe común y la diarrea infantil. A lo mejor, ya va siendo tiempo que en nuestro país se proceda a la creación de un Consejo de Vigilancia de la Profesión Económica que emita una alerta sobre el riesgo de practicar la economía homeopática para el tratamiento de problemáticas económicas tan complejas como el neoliberalismo.
