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Internacionales/ACNUR
Ginebra
Las tierras y las casas de miles de personas desplazadas por la violencia de las pandillas en Honduras están siendo robadas debido a los vacíos existentes en la legislación sobre propiedad, según reciente informe del ACNUR. El informe también presenta una serie de recomendaciones concretas para asegurar que estos derechos se defiendan y protejan de mejor manera.
Honduras tiene uno de los índices de homicidios más alto del mundo, y quienes se ven obligados a huir del país cuentan sorprendentes historias de crueldad, violencia sexual y brutalidad.
El desplazamiento forzado en Honduras se ha relacionado con la extrema violencia de las crueles pandillas criminales llamadas “maras”, que a menudo se pelean entre sí por el territorio y el control de actividades ilegales.
Según cifras oficiales de 2015, al menos 174.000 personas fueron desplazadas en Honduras entre 2004 y 2014 en 20 municipios urbanos del país. Unos 7.000 de ellos dijeron que el despojo y la ocupación de sus tierras y propiedades era la principal razón para huir.
Dado que la encuesta de 2015 sólo incluyó 20 municipios urbanos, es evidente que el número real de desplazados por la violencia es probablemente mucho mayor. Además, muchas personas desplazadas son reacias a ponerse en contacto con las autoridades y simplemente se esconden para escapar de la persecución de estos grupos.
El informe sobre tierras y vivienda se basa en entrevistas con personas desplazadas, incluidas las comunidades locales, indígenas, campesinas y afro-hondureñas, autoridades nacionales y locales, expertos y la sociedad civil. Señala que, a falta de un catastro adecuado, las personas desplazadas a menudo luchan para demostrar que son dueños legítimos de sus propias casas o tierras.
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que la desposesión ha tomado muchas formas diferentes tanto en contextos urbanos como rurales. Las pandillas destruyen y ocupan por la fuerza casas, y a las familias a menudo les dan 24 horas para salir.
En contextos rurales, donde los cárteles criminales luchan por las rutas de drogas, las familias también han reportado presión para vender sus tierras a precios más bajos que los del mercado o simplemente abandonar sus propiedades.
Las comunidades indígenas y afro-hondureñas reportan amenazas físicas cuando reclaman sus derechos colectivos y territoriales que están siendo vulnerados por proyectos industriales, de infraestructura, de desarrollo y turísticos.
El informe hace una serie de recomendaciones para asegurar que las políticas gubernamentales tomen en cuenta y protejan los derechos de propiedad de las personas desplazadas, especialmente en los procedimientos para regularizar los títulos de propiedad.
Una de las principales recomendaciones es la creación de un sistema de registro de tierras y viviendas abandonadas, para garantizar la protección jurídica de los derechos de los desplazados internos y el establecimiento de mecanismos de restitución vinculados a soluciones duraderas.
Algunas otras recomendaciones incluyen el fortalecimiento y apoyo de redes para proteger y defender los derechos de las personas desplazadas por la violencia y las organizaciones indígenas, afro-hondureñas y urbanas.
El ACNUR sigue prestando apoyo técnico al Gobierno de Honduras en el diseño y la aplicación de la respuesta al desplazamiento forzado.
El ACNUR, junto con nuestro socio Cáritas, ha comenzado a identificar viviendas y terrenos abandonados en zonas de alto riesgo y ha activado un grupo de trabajo sobre la tierra y la vivienda con la participación de entidades gubernamentales clave. El principal resultado de este grupo es el desarrollo de herramientas para la identificación de la propiedad abandonada y el diseño de un sistema de registro para la propiedad abandonada.
Además de los desplazados dentro del país, el número de hondureños que huyen a otros países, como México, Costa Rica, Belice, Panamá, Nicaragua y Guatemala, ha aumentado desde 2013. Sólo en 2016, más de 24.935 hondureños buscaron protección internacional. En total, más de 215.000 personas huyeron de Honduras, Guatemala y El Salvador en la primera mitad de 2017 debido a la violencia depandillas, dirigiéndose principalmente a Estados Unidos y Canadá.
