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HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: EXIGENCIA DEL FMI PARA FINANCIAR AL PAÍS

Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador

Cosa difícil. La sola idea de transparentar el ejercicio de esta gestión es una condena en sí misma. Porque es absolutamente corrupta.

El FMI ha hecho público un pequeño número de condiciones para que el régimen pueda hacer efectivo un paquete financiero que rescate al país.

Antes de continuar debemos acotar que esta es la gestión que más recursos financieros ha tenido a su disposición desde que finalizara el conflicto armado, habiendo contratado en los pasados 6 años, más deuda, y recursos financieros, que todas las gestiones anteriores juntas, lo que no se tradujo en mejores niveles de vida para los salvadoreños en general.

Tanto la FAO como UNICEF han señalado reiteradamente, como hasta 2,2 millones de salvadoreños han caído en modo sobrevivencia, teniendo que renunciar a al menos una comida diaria para continuar.

Esto también supone, un aumento de la pobreza destacado en los diferentes informes del BM.

Así, por ejemplo, en 2023 esta alcanzó al 20,3% de la población de acuerdo a esa fuente, aumentando 3,6% en relación al 2019 cuando esta administración asumió el cargo. Por otro lado, se corresponde con la progresiva anulación de la inversión social, derivando en el cuadro señalado arriba, sin que eso suponga que los recursos “ahorrados” por el régimen hayan sido reorientados a salud, educación, infraestructura o seguridad.

La opacidad que acompaña al estado de excepción impide revisar esto, pues esos ingentes recursos simplemente desaparecen de la vista pública, sin que se les pueda seguir la pista, mientras a la par, todos apreciamos como los funcionarios de la administración cercanos a la ilegal presidencia, incrementan exponencialmente sus haberes, de acuerdo a los informes que sobre ello circulan libremente en la red, a los que todos podemos acceder, que desnudan crudamente el grado de corrupción sin precedentes que toda la administración ha desarrollado.

Así, una de las condiciones que impone el FMI, es que la gestión económica del régimen sea transparentada, para que podamos los ciudadanos saber cómo, cuándo, porqué y para que, se han usado los recursos contratados en esa serie de créditos que ha suscrito, los cuales no se corresponden en volumen, con las obras que ahora vemos adelanta.

Aclaramos que esta demanda, si bien aporta concretamente a nuestra gobernanza, no se corresponde con un interés ético de parte del FMI, sino con garantizar el retorno de esa deuda.

En particular ahora, cuando está en peligro una de las principales vertientes de financiamiento que ha instrumentalizado el régimen, las remesas, y gracias a ese aliado del norte, que ahora revisa la posibilidad de subcontratar el sistema carcelario salvadoreño, para transferirnos a sus indeseables.

En fin, la cosa no pinta bien para el régimen, pues de concretarse supone la obligación no solo de transparentar su ejercicio, también ventilar todos sus trapitos sucios.

Para ulteriormente procesar a los responsables.

Y siendo un régimen presidencialista, toda la corrupción comienza precisamente en la presidencia.

¿Qué crees?, ¿veremos procesar esa corruptela?

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