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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La esperanza de justicia brilla por primera vez. Casi cuarenta años han pasado desde que un contingente del Batallón Atlacatl realizó uno de los hechos históricos más dolorosos contra la población civil para la historia de El Salvador, en cantón El Mozote, Morazán.
Este lunes, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera iniciará un procedimiento para la búsqueda de archivos militares que justifiquen o expliquen la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en este hecho que cobró la vida de al menos mil personas, la gran mayoría menores de 18 años.
Para las organizaciones y representantes de las víctimas del conflicto armado la apertura de estos archivos será un “hito histórico en la búsqueda de la verdad y la justicia”, ya que por primera vez una autoridad judicial ordena la inspección de los archivos, luego de que estos han sido negados por décadas.
Dicha inspección se realizará bajo la orden del juez Jorge Guzmán Urquilla para investigar información relacionada a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, por el proceso que enfrentan 17 militares en San Francisco Gotera. Las inspecciones que inician este día se realizarán en dependencias militares de San Salvador, San Miguel y San Francisco Gotera, diligencia que tendrá una duración de doce semanas.
Extraoficialmente se conoció que el ministro de Defensa, René Merino Monroy intentó frenar las inspecciones que inician este día alegando que podría poner en riesgo la seguridad nacional. El juez del caso asegura que tras casi cuatro décadas del hecho ya no significa un riesgo para el país.
El caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, históricamente denunciado por Tutela Legal del Arzobispado, en 1989, cuando los primeros testigos como Rufina Amaya y Pedro Chicas, dieron sus testimonios sobre este crimen de guerra, que el juez Jorge Guzmán, declaró de Lesa Humanidad, en diciembre de 2018.
Actualmente, le da seguimiento a este caso Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, y Cristosal, quienes como parte acusadora esperan que las víctimas sobrevivientes y familiares logren acceder a la justicia, negada por el sistema judicial por más de cuatro décadas. Los militares acusados son el General de División José Guillermo García y exministro de Defensa (1979 y 1983). El exgeneral Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (1981- 1983). El coronel Francisco Adolfo Castillo, exviceministro de Defensa; el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea; coronel Juan Ernesto Méndez Rodríguez excapitán del Batallón Atlacatl;
Natividad de Jesús Cáceres, coronel del BIRI Atlacatl; el coronel José Antonio Rodríguez Molina, exoficial del BIRI Atlacatl; el coronel Luis Adalberto Landaverde Barrera, brigada de artillería.
