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Redacción Nacionales
Para Human Rights Watch (HRW) los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos han sometido a más de 200 ciudadanos venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria al ser trasladados por Estados Unidos a El Salvador, el pasado 15 de marzo, acusados de pertenecer al “Tren de Aragua”.
Y es que para la organización es preocupante que desde que fueron capturados y enviados el 15 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión creada para albergar a los delincuentes pertenecientes a las pandillas del país, no hay una lista oficial de los detenidos y las autoridades salvadoreñas se niegan a dar información.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Y agregó “la crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
Por lo que HRW exige al gobierno salvadoreño que confirme dónde están detenidos, explique la base legal de su detención y permita el contacto con sus familiares. También exige a Estados Unidos que publique la lista de las personas enviadas a El Salvador.
Human Rights Watch envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril para solicitar información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el CECOT y el fundamento jurídico de su detención. El gobierno de El Salvador no ha respondido, afirmó en un comunicado, la institución.
Según la organización ninguno de los gobiernos ha dado información clara sobre los detenidos, y las familias solo han podido confirmar algunos datos por videos oficiales o listas filtradas en medios.
HRW afirma que esto constituye una grave violación a los derechos humanos, y que mantener a estas personas en el anonimato las deja fuera de la protección de la ley.
HRW también señala que ha entrevistado a 40 familiares de personas que aparentemente fueron trasladadas a El Salvador y envió una carta a las autoridades del país para conocer la identidad y condición de los detenidos, pero la carta enviada al Gobierno de El Salvador el 5 de abril no ha sido contestada.
Y otras cartas enviadas por familiares al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, fueron contestadas con respuestas automáticas o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las “instituciones competentes”.
Muchos de los venezolanos no tienen antecedentes penales, ya que sus familias fueron engañadas, ya que les dijeron que serían enviados a Venezuela, no a El Salvador.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma arcaica y rara vez utilizada que permite al presidente ordenar la detención y expulsión de personas relacionadas con una “nación o gobierno hostil”, expresó HRW.
Estados Unidos tuvo irregularidades en estas capturas, como la eliminación de los registros de migrantes en el Sistema en Línea de Localización de Detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
