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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El próximo 16 de enero se cumplirán 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec (México), entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y el gobierno de entonces que presidía Alfredo Cristiani (Arena).
El diálogo y la negociación que duró dos años y había iniciado después de la ofensiva de 1989, estuvo acompañado de una expectativa nacional e internacional, para que el país llegara a la paz mediante un acuerdo político.
El gobierno de entonces era acompañado por las administraciones de Estados Unidos; su apoyo era económico, diplomático y militar. Sin que ese poderoso respaldo se convenciera de lo imposible de una victoria militar, era difícil pensar en que la fuerza armada y los políticos en el gobierno de esa época, aceptaran dialogar y negociar en serio.
Pero lo que sí era cierto es que el FMLN, acompañado del Frente Democrático Revolucionario (FDR), tenía en esencia la representación del pueblo sufrido que quería paz con justicia social, y ese pueblo diverso se expresaba en movimientos como el Comité Permanente de Debate Nacional por la Paz (CPDN), que integraba agrupaciones cristianas, sindicatos y agrupaciones independientes de empresarios, pequeños y medianos
El CPDN fue una voz que hizo conciencia sobre la importancia de una solución política; fue enorme el papel de la jerarquía católica, especialmente de su arzobispo Arturo Rivera y Damas y su Auxiliar (ahora Cardenal) Monseñor Gregorio Rosa Chávez.
En el exterior las voces beligerantes de movimientos de solidaridad (decenas en Estados Unidos, México y Europa), y el apoyo decidido de diplomáticos cubanos y nicaragüenses, hicieron posible pronunciamientos en la Asamblea General de la ONU y de iniciativas regionales de Centroamérica (Grupo Contadora y Esquipulas), y los mismos presidentes de esos países se pronunciaran en favor de una solución política negociada.
Los primeros en ese camino fueron México y Francia (desde 1981), luego Venezuela y Colombia, que mantuvieron siempre la presión diplomática en favor de la paz, en contra de la violación de los derechos humanos en nuestro país.
Recordar el 16 de enero, punto de llegada de enormes esfuerzos, de sensación de victoria de la paz sobre la guerra, sin reconocer que además del empeño de combatientes y militantes del FMLN, de la lucha popular por la paz, de la conclusión de pragmáticos empresarios y políticos que entendían que la guerra también les alcanzaba a ellos y era mejor la paz, sería insuficiente, porque el papal de Naciones Unidas como facilitadora de esa negociación sería inexplicable sin esas voluntades solidarias y políticas del exterior.
Para el FMLN la sensación fue diversa, hubo acompañamiento general, pero en algunos de sus miembros quedaba la sensación de que era inseguro que el gobierno cumpliera y el pueblo quedaría sin defensa; para otros (la mayoría), se trataba de una solución con victoria diferida, es decir, el poder revolucionario sería algo por lo cual debía seguirse luchando, ahora en otras condiciones y otras vías. Hubo también quienes creyeran que el FMLN ya había cumplido su misión y que lo que quedaba era convertir lo hecho en historia y cultura.
De aquellos acuerdos nació esperanza de cambio, los hubo insuficientes y quedan aún efectos que vemos dolorosamente deformarse, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y la propia Corte Suprema de Justicia, que todas ellas, a juzgar por los hechos y la conducta de sus titulares, han sido desnaturalizadas y abren paso a lo que en su surgimiento, como elementos esenciales de los acuerdos, se quería evitar: los fraudes, la impunidad, la violación a los derechos humanos, la instrumentalización de las instituciones por los políticos de turno.
Queda la propia Constitución con las reformas aprobadas en 1991, como elemento que habría de garantizar la institucionalidad nueva que surgiría de los acuerdos de paz; está aún vigente y sabemos perfectamente que puede ser derogada o reformada y que es ignorada a la hora de las decisiones gubernamentales, pero está.
En otro contexto, revalorar los Acuerdos de Paz, usando los métodos que lo hicieron posible, requiere sin duda de dialogo, de memoria, de proyección de la utopía de un país educado, culto, saludable y seguro. ¿Responsabilidad de quienes?
De quienes creamos que hablar, que dialogar es mejor que imponer a secas o pretender imponerse sobre los demás. Cuanto más falta la paz, cuanto más falta el diálogo, más necesarios son, y los Acuerdos de paz firmados hace 33 años, su proceso y sus productos son un referente válido.
