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Santiago / AFP
Paulina Abramovich
Con barricadas incendiarias en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió en Santiago a decenas de miles de personas se vivía el martes un llamado a paro general en Chile, convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera para que profundice en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída de 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
A primera hora, las fogatas impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago y una gran marcha convocó a 80.000 personas -de acuerdo a cálculos del gobierno- por la céntrica avenida Alameda, cubierta en ambas calzadas por manifestantes que exigían la renuncia del mandatario derechista.
Con bombos, banderas chilenas y de las asociaciones gremiales que adhirieron a la protesta -principalmente entidades públicas- los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas, para luego marchar varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pasando frente a la casa de gobierno, donde al final de la manifestación, se registraron enfrentamientos con la Policía.
«El descontento es por muchos temas (…) Todo lo que ha ofrecido el presidente es insuficiente, una burla», dice Karen Delgado, una oficinista de 29 años, en medio de la marcha.
«Le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente», agrega.
Enfrentamientos entre manifestantes y la policía también se registraron en la ciudad de Concepción (sur), mientras varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico puerto de Valparaíso, en el centro del país.
El transporte público operó de mañana con relativa normalidad pero se anunció que los buses circularían por Santiago solo hasta las 17H00 locales. El metro también redujo su horario de funcionamiento.
El llamado a huelga general se produce a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, convocada por la llamada «Mesa Social», que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado, pero la empresa estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, operaba con normalidad.
Las escuelas públicas adhirieron a la paralización y gran parte de los privados también, algunos por razones de seguridad. La mayoría de las universidades no tiene actividades desde que estallaron las movilizaciones.
En los sectores privados, los llamados de la Central Unitaria de Trabajadores -la mayor multisindical del país- tienen un escaso apoyo, en un país con bajo nivel de sindicalización.
– Giro presidencial –
La pulseada llega en momentos que el presidente Piñera dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque no con una Asamblea Constituyente –como se pide en las calles– sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
«El camino al diálogo está abierto, siempre el Gobierno lo ha dicho, todos los actores queremos trabajar sobre la base de construir un país en base al diálogo. El Presidente ya habló de nueva Constitución y esa es una señal clara que debiera evitar generar estos cuadros de violencia», dijo el subsecretario Rodrigo Ubilla, al entregar un balance de la jornada.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales, y cerró un acuerdo para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones bajas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, aumentar el salario mínimo, además de la Asamblea Constituyente.
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