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Barcelona / AFP
Daniel Bosque
Los independentistas protestaron el jueves en Cataluña con marchas y cortes viarios durante una huelga contra el juicio a doce dirigentes de la región por la fallida tentativa de secesión de España en octubre de 2017.
Convocada por un pequeño sindicato independentista, la huelga afectó sobre todo al transporte por los cortes practicados en numerosas carreteras, entre ellas las autopistas que enlazan con Francia y Madrid, y en vías ferroviarias por la mañana.
La policía intervino en algunos puntos y practicó cuatro detenciones. Los incidentes causaron 37 heridos leves, entre ellos siete agentes, informaron los servicios médicos de la región.
«Se comportan como si toda Cataluña fuera suya y pudieran hacer lo que quieran, paralizar toda la ciudad», lamentaba Juan T., un contable de 50 años que no quiso dar su apellido.
Excepto en la universidad, el seguimiento de la protesta fue poco notorio. En Barcelona, el transporte público apenas disminuyó ligeramente su frecuencia y la mayoría de comercios abrieron.
Al terminar la jornada, 40.000 personas según la policía municipal se manifestaron en el paseo de Gracia de Barcelona, teñido de los colores amarillo, rojo y azul de las banderas independentistas de Cataluña.
«Venimos a denunciar esta farsa de juicio (…) No aceptaremos otra cosa que la absolución», decía Miquel Garriga, un ejecutivo de 60 años.
– Huelga de «carácter político» –
Desde el 12 de febrero el Tribunal Supremo de Madrid juzga a doce dirigentes independentistas por la organización de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia fallida.
Nueve de ellos, en prisión preventiva, están acusados de rebelión, un grave delito que implica un «alzamiento violento», extremo defendido por la fiscalía pero fuertemente rebatido por los independentistas.
«Llevamos dos semanas y no se ha visto ninguna prueba de rebelión ni violencia», denunciaba Jaume Solé, un ingeniero de 45 años en huelga.
Los sindicatos mayoritarios no apoyaron el paro y la patronal criticó su «carácter político».
En cambio, fue respaldada por partidos y asociaciones independentistas que llevan a cabo un ciclo de protestas contra la justicia española a la que tachan de parcial.
El sábado, alrededor de 200.000 personas según la policía municipal marcharon por Barcelona en una manifestación encabezada por el presidente regional Quim Torra.
Su ejecutivo se solidarizó con los huelguistas y anuló todos los actos oficiales previstos para el jueves aunque no decretó el cierre de la administración regional.
– «Tensar la cuerda» –
En Madrid seguían los interrogatorios a los acusados, después de que el tribunal acelerara el miércoles el ritmo de las sesiones para terminar el juicio antes de las elecciones legislativas anticipadas al 28 de abril.
El ministerio público les imputa delitos como rebelión, malversación y desobediencia y reclama penas de entre 7 y 25 años de cárcel en el caso del ex vicepresidente regional Oriol Junqueras.
Según su acusación, los independentistas concertaron una estrategia entre el gobierno regional, el Parlamento y asociaciones civiles para forzar ilegalmente la secesión de esta región del noreste de España.
Como prueba de la violencia expone el destrozo de varios vehículos policiales en una protesta el 20 de septiembre o el uso de ciudadanos como «muros humanos» contra la policía enviada a impedir el referéndum.
Ante el tribunal, los acusados reivindicaron el carácter pacífico del movimiento y restaron valor a la proclamación de independencia, argumentando que no tuvo efectos jurídicos.
En ese sentido, Santi Vila, ex miembro del gobierno catalán procesado por malversación, aseguró este jueves que su estrategia «trataba de tensar la cuerda, pero que no se rompiera».
Y Jordi Sánchez, entonces presidente de la influyente asociación ANC, criticó que los daños a los vehículos por parte de unos «pocos» individuos sean «la excusa para criminalizar y penalizar una manifestación».
En su defensa, numerosos procesados argumentaron también que, entre la prohibición judicial del referéndum y el mandato de sus electores (un 47,5% del total) de impulsar la autodeterminación, priorizaron el segundo.
Aunque sin mencionarlos, el rey Felipe VI les rebatió el miércoles: «No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho», aseguró.
