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Brasilia/AFP
Cientos de manifestantes ocupan este miércoles el Ministerio brasileño de Hacienda, en el marco de una jornada de huelgas y protestas que provocaban trastornos en Sao Paulo y otras ciudades, contra los programas de ajuste del gobierno de Michel Temer.
El Ministerio de Hacienda, en Brasilia, fue ocupado hacia las 5:00 de la mañana, hora local, por unos 500 militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que colgaron pancartas para denunciar los proyectos de reforma del régimen de las jubilaciones y de la ley laboral, observó un reportero de la AFP.
Las autoridades indicaron que los participantes en «la invasión» eran unos 200 y que «provocaron daños materiales». El MST estimó en 1.500 el número de participantes.
Sao Paulo, capital económica del país, amaneció sin metro y con pocos autobuses, aunque esos servicios se restablecían paulatinamente durante la mañana. El paro desafió una decisión del Tribunal Regional del Trabajo (TRT), que obligaba a funcionar a la totalidad de la flota de transporte público en horas punta, bajo pena de multa de 100.000 reales (unos 31.000 dólares) diarios, indicó la estatal Agencia Brasil.
La Central Única de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto por la tarde en la Avenida Paulista, así como en decenas de ciudades, para defender «los derechos sociales». Según diversos medios, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) podría participar en el acto, pero esa información no fue confirmada por el Instituto Lula.
En Belo Horizonte (sudeste), el sitio informativo g1, del grupo Globo, señalaba la paralización del metro y de una refinería de petróleo, así como de escuelas y facultades privadas.
En Curitiba (sur), la huelga afectaba el servicio de autobuses y de recogida de basura.
Desde que reemplazó en 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y de reactivar la economía de gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años.
La próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro laboral. El proyecto enviado al Congreso exige cotizaciones durante 49 años para obtener el beneficio integral de las pensiones.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, considera que sin esa reforma, el sistema de jubilaciones se volvería «insostenible».
El proyecto de reforma laboral determina que las negociaciones sectoriales pueden prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6%, casi 13 millones de personas).
Congreso bajo presión
Las resistencias al endurecimiento de la legislación social se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines de 2018.
La jornada de protestas se produce además en un clima político enrarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a prácticamente todo el arco parlamentario.
El martes, el fiscal general Rodrigo Janot pidió la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros privilegiados (ministros y legisladores), en base a las delaciones premiadas hechas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en la red de sobornos de la petrolera estatal.
Los nombres de los sospechosos aún no fueron divulgados, pero según varios medios se cuentan entre ellos tanto políticos de izquierda -como Lula y Rousseff- como por lo menos cinco ministros de Temer, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Meirelles descartó sin embargo que las tensiones generadas por la «lista Janot» amenacen la agenda de reformas estructurales.
«Pienso que la lista de Janot no perjudicará el voto de la reforma [de las jubilaciones]. Los tres poderes son independientes y están funcionando normalmente», declaró.
