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“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”
Redacción Nacionales
@AlmaCoLatino
Human Rights Watch expresó que con las nuevas reformas penales en El Salvador donde se ordena traslados de menores a cárceles para adultos, los niños, niñas y adolescentes que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves.
“Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí porque se les pone en peligro, transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, manifestó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El presidente Nayib Bukele sancionó el 13 de febrero de 2025 una ley aprobada por legisladores oficialistas que establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Goebertus consideró que estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos, es una medida que vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso.
Estas últimas reformas en materia de justicia juvenil se dan luego de los cambios introducidos en marzo de 2022 a la Ley Penal Juvenil, que aumentó las penas máximas de prisión a 10 años para niños de 12 a 15 años de edad y hasta 20 años a los mayores de 16 que sean acusados de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”.
Esas reformas son incompatibles con los estándares promovidos por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomienda a los gobiernos no reducir la edad mínima de responsabilidad penal en ninguna circunstancia e insta a elevarla a “14 años como mínimo”.
En el informe publicado en julio de 2024, “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el Régimen de Excepción en El Salvador”, Human Rights Watch documentó graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.
Desde que el presidente Bukele declaró el Régimen de Excepción en marzo de 2022, más de 3 mil niños, niñas y adolescentes han sido detenidos, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas, muchos de los casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física.
Algunos agentes de policía dijeron a Human Rights Watch que las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas; varios niños detenidos, así como sus familias, habían sufrido anteriormente la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte.
Hasta febrero de 2024, un total de 1,065 niños habían sido condenados durante el Régimen de Excepción, en muchos casos por el delito de agrupaciones ilícitas, un gran número de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles o no corroboradas y que coaccionaban a los niños para que se declararan culpables de delitos que ellos decían no haber cometido.
“Las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa, muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado”, indicó Human Rights Watch.
Organizaciones de derechos humanos de El Salvador informaron que 370 personas han muerto en las cárceles durante el Régimen de Excepción. Fotos y testimonios identificados por Human Rights Watch y análisis de expertos forenses apuntan a un papel de las autoridades en varias de estas muertes.
En el pasado, la Ley Penal Juvenil garantizaba importantes protecciones procesales y medidas alternativas al juzgamiento tradicional, como programas de conciliación y reinserción.
La legislación priorizaba intervenciones educativas y restaurativas sobre la privación de libertad, y consideraba la detención únicamente como último recurso; además, establecía que los menores debían permanecer exclusivamente en centros de reclusión especializados, separados de las instalaciones para adultos, con una clasificación según edad, sexo y situación jurídica.
Los estándares internacionales sobre justicia juvenil establecen que la detención de niños en conflicto con la ley debe aplicarse únicamente como último recurso, si la detención es inevitable, nunca se les debe recluir en prisiones para adultos debido a las “abundantes pruebas” de que esto pone en peligro su salud y seguridad básica, así como su capacidad futura para mantenerse al margen de la delincuencia y reintegrarse.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte, y otros tratados de derechos humanos obligan a los Estados a promover la rehabilitación y la reintegración de los niños que han cometido delitos.
