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Joaquín Salazar
Transparencia Activa
@DiarioCoLatino
Luego de que los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieran un recurso de amparo, en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los oficiales de dicha entidad se mostraron preocupados por los señalamientos que realiza la Corte en Pleno en contra de la libertad y derecho a la información.
Y es que recientemente el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, aseguró a algunos medios de comunicación que “hay influencias políticas en algunos de los miembros del IAIP que se está prestando para intereses ajenos a su mandato”. A través de un comunicado, el IAIP externó “nos preocupa sobremanera que, en sesiones de la Corte en Pleno, Según documentos notificados a la IAIP, se afirme -que hay influencias políticas en algunos de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Publica que se están prestando para intereses ajenos a su mandato-”.
Los oficiales de información, agregan que los magistrados del CSJ consideran que “se debería pensar en tomar medidas legales e ir estableciendo algunos límites que, en el fondo, todas estas solicitudes del Instituto de Acceso a la Información Publica a la Corte en Pleno, especialmente con la Sala de lo Constitucional, es parte de la estrategia de acoso”.
Con esto se descalifica la solicitud de algunos ciudadanos que requieren información sobre el examen de suficiencia previa al ejercicio de la función pública del notariado, bajo el argumento que se puedan vender los próximos exámenes y se promueva una especie de fraude.
Por tal razón, el IAIP dijo: “Exhortamos a la población en general a ejercer su derecho de acceso a la información publica por medio de sus solicitudes de información y le recordamos a que no es necesario sustentar interés o motivación alguna para pedirla”, puesto que es un derecho de ley para cada ciudadano.
Y es que hace una semana, tres magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional admitieron un amparo de los quince magistrados de la Corte Plena, para no someterse a un proceso administrativo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por no entregar información a un ciudadano, sobre la reunión sostenida por los magistrados de la Sala del o Constitucional con líderes medios de comunicación de derecha.
A juicio de los magistrados demandantes se les han violado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la propiedad y hay una vulneración a la motivación de las resoluciones administrativas, como una manifestación del derecho a la protección no jurisdiccional.
El comisionado del IAIP, Jaime Campos, para Transparencia Activa lamentó que “la CSJ como ente obligado haya buscado una de sus propias Salas para evadir las responsabilidades u obligaciones de transparencia y esté desconociendo la naturaleza del derecho de acceso a la información pública, privilegiando a funcionarios que se resisten a cumplir con las resoluciones del Instituto”.
De igual manera, agregó “me llama la atención el hecho que los 15 magistrados se amparan de forma exprés ante la Sala de lo Constitucional y lo admiten solo 3 magistrados suplentes, que es el mínimo que exige la Ley de Procedimientos Constitucionales para la admisión de un amparo y ordena la suspensión de dos procesos sancionatorios que el Instituto realiza”. El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, dijo que “en este caso lo extraño no es que haya un desencuentro de opiniones entre dos instituciones, sino que más allá de cualquier formalidad, la Corte se ampare en ella misma”. Pero señaló también que la Presidencia de la República no se ha amparado hasta hoy de ninguna resolución del Instituto pero que, aunque no es recomendable, “los funcionarios deben tener el mismo derecho a ampararse que tienen los ciudadanos”.
En este tema, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), Abraham Ábrego, dijo que papel de la Corte en Pleno evidencia una evasión al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) por ser una institución obligada. Mientras que el coordinador de Transparencia de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Óscar Campos, señaló que la medida de la Sala sienta un mal precedente para el acceso a la información pública y viola un derecho colectivo.
Hasta el momento, ni FUNDE, ni FUSADES, ni ANEP, como tampoco las organizaciones que estos constituyen Aliados por la Democracia y el Grupo Promotor se han pronunciado ante el conflicto jurídico entre el IAIP y la CSJ de manera pública. En otras oportunidades, estas organizaciones se han manifestado contra el amparo de funcionarios públicos.
