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Redacción Nacionales
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El Gobierno de El Salvador insiste que la situación económica y de seguridad en el país ha mejorado, sin embargo, la realidad es diferente, ya que a diario decenas de salvadoreños buscan como opción el “sueño americano”, pero en el intento, muchos pierden la vida en el camino.
Tal es el caso de Medardo Tejada, Jenmy Dubón, Francisca Domínguez y Joshua T.D, quienes perdieron la vida en manos de los supuestos coyotes, cuando a penas iniciaban la travesía.
El pasado 10 de octubre, una llamada al 911 alertó sobre el hallazgo de 4 víctimas asesinadas, entre ellas un menor de 7 años, en el Cantón San Rafael, en La libertad.
Al realizarse la investigaciones las autoridades fiscales y policiales lograron la captura de 4 sujetos que tuvieron participación directa en los asesinatos.
Según la Unidad Antipandillas y de delitos de Homicidio, capturó a Saúl Molina, Denis Aguilar, Oscar Portillo y José Gómez.
Estos sujetos fueron presentados este lunes por las autoridades acusados del Homicidio Agravado en perjuicio de Tejada, Dubón, Domínguez y Joshua T.D. Y además, se les acusa de estafa en perjuicio de la señora Dolores Peña, madre y abuela de dos de las víctimas, que reside en los Estados Unidos, y habría pagado a través de remesas el costo del viaje a Saúl Molina, supuesto traficante de personas y quien los llevaría de forma ilegal al país del norte.
La fecha de salida estaba prevista para el día 09 de octubre, las víctimas abordaron un vehículo en el que supuestamente emprenderían su camino, pero fueron trasladadas hacia un terreno rústico ubicado en el Cantón San Rafael, en La Libertad, donde los asesinaron, cita la Fiscalía.
Este caso llama la atención y deja claro que los salvadoreños siguen intentando mejorar sus vidas al no sentirse seguros en el país, mientras que la FGR señala que cuenta con suficientes pruebas para demostrar la participación de cada uno de los capturado, en este terrible y lamentable hecho.
FGR presenta solicitud de extinción de bienes
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes la solicitud de extinción de los bienes de 7 personas acusadas de lavado de dinero y activos y tráfico ilícito de drogas.
Con esta acción, se pretende transferir a favor del Estado los bienes valorados en US$132,966.15., entre estos 7 bienes inmuebles y cuatro vehículos.
El fiscal detalló que: “El caso está vinculado a una estructura criminal, quienes han sido procesados por otros bienes distintos a estos a cerca del lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas. Esta estructura ha sido liderada por Jorge Ernesto Ulloa Sibrían, alias “Repollo”, y estos bienes aún estaban pendientes de investigación, y en este momento estamos dando respuesta, presentando la correspondiente solicitud”.
Además, el fiscal dijo que los bienes después de una investigación, se comprobó que son de origen ilícito, por lo tanto, están al alcance de la Ley Especializada de Extinción de Dominio y, por consiguiente, la entidad fiscal está solicitando lo que es el debido proceso y pasen a favor del Estado.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, los imputados operaban en la estructura que encabezaba Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “Repollo”.
Por otro lado, se informó de la Audiencia Preliminar en el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador contra el exembajador de El Salvador en Honduras, Sigfredo Ochoa Pérez, el exministro consejero, Walter Alfredo Anaya, acusados de peculado.
El fiscal del caso dijo “En esta audiencia está siendo ofertada la prueba recopilada de la instrucción formal del proceso en el cual se establecieron tanto el elemento probatorio de carácter documental como de carácter testimonial y de carácter pericial”.
Además, el fiscal dijo que se cuenta con un peritaje técnico en el cual determina que Sigfredo Ochoa Pérez firmó los dos contratos, uno por $2,200 y el otro por $3,000.
“El modus operandi que se estaba establecido era que se sustraían fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la figura ficticia de un contrato de arrendamiento, en el cual se establecieron dos contratos, uno por la cantidad de $2,200 y otro por la cantidad de $3,000”, indicó el fiscal del caso.
El ente fiscal detalló que según la prueba grafotécnica que se logró obtener, dio como afirmativo de que la firma suscrita en el contrato de $2,200 fue puesta de puño y letra de Sigfredo Ochoa Pérez.
“En ese sentido, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para que pase a la siguiente fase de apertura a juicio”, reiteró el fiscal del caso.
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