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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, denunció que el despido como docente del Centro Escolar República de Perú es una persecución sindical en su contra, por participado en la marcha del pasado 19 de octubre, donde sindicatos de salud y educación mostraron su descontento por el presupuesto para 2025 y la congelación del escalafón.
“Lo que me dijeron es que la plaza ya no es necesaria, es una supresión de plaza, es un despido arbitrario, ilegal, ya que no es el procedimiento y el mecanismo para destituir a una profesora, por ser sindicalista, por ser mujer, he venido sufriendo mucho acoso laboral, hostigamiento y persecución”, destacó durante la entrevista Diálogo21.
La secretaria general del FMS externó que este despido es parte de una persecución sindical, no es la única en sufrir este tipo de persecución. Los sindicalistas, quienes defienden los derechos de la clase trabajadora y organizadores de la marcha blanca, están siendo atacados.
Asimismo, explicó que el 22 de septiembre mientras estaba laborando, del Ministerio de Educación llegaron a destituirla como directora del Centro Escolar Republica de Perú, pese a tener cuatro credenciales, dos por Tribunal Calificador y dos emitidas por las departamentales de San Salvador, aunque continuó como profesora.
Reiteró que estas acciones forman parte de una persecución sindical en su contra, porque cuando daba declaraciones, hablaba de la educación pública y del desmontaje de la escuela pública salvadoreña, ocurría los ataques y las represalias por parte del Ministerio de Educación y directamente del director departamental, Ronald Monterrosa.
“Es un acoso laboral tremendo, como mujer he sido sometida a todo tipo de violaciones, y como sindicalista estamos protegidos por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay convenios donde El Salvador es firmante, y nos amparan donde no podemos ser despedidos ni desmejorados ni trasladados”, indicó.
La maestra y dirigente gremial dijo que durante la reunión la comisionada Carolina Recinos y el ministro de Educación, Mauricio Parada, comenzaron a decir que no se congelaría el escalafón, pero debían desmontar la marcha y no asistir, aunque ya existía un acuerdo entre los sindicatos de la Unidad Magisterial que no era negociado desmontar la marcha.
A criterio de la abogada Roxana Cardona, existió una intención bastante grande de desarticular la marcha, lo cual lleva a pensar que el Estado salvadoreño le tenía miedo a esta “marcha blanca”, porque salieron a protestar los propios trabajadores del Estado, la clase profesional y académica de la sociedad.
“El caso de Idalia es una persecución política, porque tiene que ver con discriminación y falta de tolerancia por cuestiones ideológicas y políticas, el gobierno está dando una muy mala señal porque en un Estado democrático existe la pluralidad, además, despedirla y quitarle la plaza no tiene el argumento ni el asidero legal para poder hacerlo”, aseguró.
La abogada Cardona manifestó que la Ley de la Carrera Docente establece cómo debe ser la supresión o el despido de un profesor, aquí aplicaron una ley laboral común, cuando debería regirse por la Ley de la Carrera Docente, explicó.
