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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Organizaciones sociales que se encargan de apoyar a familiares de víctimas del conflicto armado salvadoreño identifican que en lo referente a la reparación y esclarecimiento de los crímenes de guerra, que ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), vía declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, los tres poderes del Estado registran poco avance.
Cabe destacar que desde el pasado miércoles se lleva a cabo una audiencia en la cual instituciones del Estado informan sobre el trabajo desarrollado para dar respuesta a las peticiones de reparación de las víctimas del conflicto.
Con el comparecer de las dependencias gubernamentales, las organizaciones de ayuda exponen que es el primer órgano del Estado en que menos pasos dio para cumplir con la sentencia de la Sala desde 2016.
“La Fiscalía demostró que desarrolla investigaciones a pesar de tener poco personal y presupuesto, en el caso de la Asamblea Legislativa, cinco días después del citatorio instaló una comisión ad hoc para estudiar la manera de acatar la sentencia”, dijo Eduardo García, director de Pro Búsqueda.
García manifestó que el interés primordial de las instituciones de apoyo es que se dé con el paradero de los niños desaparecidos durante el conflicto. En cuanto al ejecutivo, el titular de Pro Búsqueda reconoce que ha tenido dificultades por el tema de presupuesto.
Respecto a la audiencia, ayer tocó el turno de rendir informe al Ministerio de Defensa y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), respectivamente.
En el caso de la institución castrense, Carlos Mena, viceministro del ramo, expuso que esta dependencia colaboró de la mejor manera en todos los requerimientos del caso.
“Respondimos a las solicitudes de información de todas las instancias, nueve casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cinco nuevas investigaciones ordenadas en procesos de habeas corpus de la Sala de lo Constitucional, veinte de la Fiscalía”, sostuvo Mena.
El viceministro mencionó que sobre algunas operaciones militares no se tiene registro escrito, ya que la planeación de estas se llevaba a cabo en el terreno.
Otro de los aspectos que llamaron la atención de las víctimas y asociaciones que las apoyan es que los titulares de las instituciones de Gobierno no han tomado con la seriedad debida este proceso ya que a la audiencia enviaron a sus representantes.
