Patricia Rodríguez
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El IDHUCA denunció la forma en que se realizó el procedimiento judicial de desalojo en la comunidad El Espino. Se busca la remoción del cargo del juez de paz, debido al incumplimiento de sus deberes de respeto a las personas.
José María Tojeira, director del IDHUCA, mencionó lo ocurrido durante el desalojo de la comunidad. “Se impidió ingresar a defensores de los derechos humanos para poder acompañar y prestar un servicio a las personas desalojadas. Ellos contribuyeron a la violación de los derechos de niños, ancianos, personas en general que han tenido que vivir en el suelo por varios días”, dijo Tojeira.
El IDHUCA argumenta que el juez no estimó, previo al desalojo, que varios derechos de las familias estaban en riesgo. También que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano no había cumplido efectivamente con su obligación de buscar una solución a su reubicación. Esta es la segunda denuncia que presenta el instituto ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. “En la primera presentamos las anomalías en cuanto a la actitud del juez, desde todos los obstáculos que fueron ocurriendo. También se describió cuando el juez expulsó a uno de nuestros abogados, que estaba tratando de dar representación legal a las familias”, dijo Manuel Escalante, asesor del IDHUCA.
En esta ocasión el IDHUCA denuncia los deberes que debió haber tenido como el respeto a las familias, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de la Carrera Judicial. “Respeto a las personas, desempeñar su cargo con especial cuidado y eficiencia, son actitudes que durante el desalojo el juez no cumplió”, dijo Escalante.
Tojeira recalcó la importancia que los defensores de derechos humanos y los periodistas tienen dentro de estos hechos. “Debemos estar presentes en estos eventos, porque nos convertimos en defensores para estas personas”, mencionó Tojeira.