Yanuario Gómez
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Representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), consideraron luego de interactuar con los miembros de la subcomisión de Reconciliación Nacional de la Asamblea Legislativa, que el anteproyecto construido en esa instancia favorece a los victimarios.
Manuel Escalante, subdirector de IDHUCA, consideró que con el anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, los diputados están actuando de forma similar a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, acuerdo que incluyó únicamente a las partes beligerantes y no a las víctimas del conflicto armado.
“Pareciera ser que el anteproyecto que se está construyendo, es más beneficioso para los victimarios y no tanto para las víctimas. De una manera caricaturesca me imagino que en la Fiscalía, vamos a tener filas más grandes de victimarios que quieran aplicarse esta ley, porque les va a traer beneficios”, dijo Escalante.
El subdirector del IDHUCA, destacó que las organizaciones, de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado, rechazan la secretividad con la que se trata el tema al interior de la instancia legislativa y externó que recomendaron a los diputados, la necesidad de un proceso de consulta y un trabajo técnico real, donde los colectivos sociales puedan participar.
Respecto a la aplicación de justicia, para quienes estén implicados en crímenes de guerra, y la posibilidad que da la legislación en estudio de cambiar la pena de cárcel, por utilidad pública a cambio de una declaratoria de culpabilidad, los representantes de IDHUCA hicieron hincapié en que la justicia transicional no implica indulto.
“El punto es que la justicia transicional en ningún momento habla de anulación de justicia penal, ya que esta es necesaria, procesos penales tienen que haber, lo que puede ocurrir con la petición de perdón puede servir como una condicionante de reducción de pena, no eliminación de la misma”, expuso Escalante.
El profesional del derecho, afirmó que el espíritu de la sentencia, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía General, era que se aplicara la dosimetría de la pena, es decir, como se dosifica la condena en función de la petición de perdón o contribución en las investigaciones.
Escalante, además, se pronunció respecto a que en el documento de estudio de la subcomisión de Reconciliación Nacional, se contempla que el informe de la Comisión de la Verdad, no podrá usarse como prueba en los juicios probatorios, sino únicamente como material de memoria histórica.
En este sentido, el representante de IDHUCA afirmó que los archivos de la Comisión de la Verdad, cumplen en materia penal, con dos elementos importantes que los hacen clave en la investigación de las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado.
“La labor desarrollada por la Comisión de la Verdad, se hizo a unos cuantos años de cometidas las violaciones, entonces, esos archivos son importantes por la cercanía en los hechos. El segundo elemento es la pertinencia de la prueba, es decir que permita verificar y certificar los hechos, lo que recabó la comisión es justamente para verificar que habían graves violaciones a derechos humanos”, explicó Escalante.
Para el abogado de IDHUCA, los documentos que forman parte del Informe de la Comisión de la Verdad, deben al menos servir como indicios para la Fiscalía General de la República (FGR) de por donde debe dirigir las investigaciones. IDHUCA indicó que de contemplar, en una posible legislación de Reconciliación Nacional, la desestimación de estos archivos como pruebas, los diputados estarían desobedeciendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que demanda a la Asamblea Legislativa a legislar para que esa información sea accesible a la FGR.