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El obispo de la diócesis de Chalatenango, monseñor Oswaldo Escobar, junto a los sacerdotes de los municipios militarizados por orden del presidente de la República Nayib Bukele, se pronunciaron en torno al tema, manifestando que no están en contra de la presencia castrense en el territorio, sino que piden a las autoridades que se respeten los derechos de los habitantes de la zona fronteriza del departamento.
El pasado 20 de octubre, Bukele ordenó a través de twitter al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, que duplicara la presencia militar en los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio, debido a que, según el mandatario, se intenta pasar droga y contrabando en la zona, quien además acusó a las autoridades locales, gobiernos no del oficialismo, de ser cómplices.
En ese sentido, han sido varias las denuncias que se han dado a conocer en los últimos días, en especial en el nororiente del departamento de Chalatenango, ya que los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad comparten algunas zonas con Honduras y sus pobladores se mueven en ambos territorios para realizar labores agrícolas y abastecerse de productos de primera necesidad, pues son territorios llamados los exbolsones que estuvieron en disputa entre El Salvador y Honduras, hasta que resolvió la Haya, Holanda.
El obispo Escobar sostiene que la iglesia es consciente y reconoce el mandato constitucional de Bukele de proteger las fronteras, sin embargo, cree que no se puede estigmatizar a toda la población de la zona. “Si después de una seria investigación hubiese alguno que esté involucrado, el Gobierno está en su derecho de perseguir el ilícito”, dijo el obispo, quien además señaló que los más afectados son los campesinos.
El prelado pide al Gobierno que “se respeten los derechos de la gente, como es el poder tener libre tránsito hacia sus cultivos en la hermana República de Honduras, que se les permita asistir a su ganado, ir a la corta de café, visitar a sus familiares y asistir a los servicios religiosos que por años han recibido de la Iglesia católica salvadoreña”.
La Iglesia se expresa testigo de muchos campesinos que no han podido tener libre tránsito y que, debido a esta decisión, han perdido sus cosechas, se les ha criminalizado aún cuando El Salvador firmó el acuerdo del Tribunal de la Haya, para que los habitantes de los antiguos bolsones, mediante la emisión de un permiso y carné binacional, puedan transitar en el territorio que habitan.
Como medida para subsanar el problema que actualmente aqueja a la población de la zona, Escobar pide a Bukele que las unidades militares desplegadas garanticen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, al libre tránsito para realizar labores agrícolas, ganaderas, comerciales y de relación con familiares, así como la carnetización binacional para los habitantes.
