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Gloria Silvia Orellana
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El Foro Ecuménico de El Salvador, integrado por las Iglesias históricas, se sumó a las múltiples muestras de adhesión en apoyo y solidaridad con los ambientalistas y líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, quienes desde el 10 de abril de 2024, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, los envió a Vista Pública, la que se desarrollará entre el 8 al 10 de octubre próximo.
“Nuestra declaratoria pastoral está vinculada a nuestros hermanos ambientalistas que están enfrentando una situación de carácter jurídico, en donde son acusados sin tener pruebas de esa acusación, y por esto creemos que demanda la presencia de la Iglesia”, expresó, Miguel Tomás Castro, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel.
“Somos iglesias protestantes y evangélicas, y creemos que nuestro papel es acompañar a las personas en circunstancias como esta, en donde se está criminalizando la labor tan noble y patriótica -digámoslo así – de cuidar la creación en nuestro país”, reiteró.
“Y como son nuestros hermanos ambientalistas de la Asociación de Desarrollo Social de Santa Marta (ADES), en Cabañas, sentimos un compromiso ético, cristiano y evangélico de acompañarlos en esta situación de un proceso jurídico siendo inocentes”, reiteró Castro.
Sobre las implicaciones en el caso de los ambientalistas de Cabañas, el pastgor lamentó la visión que tienen algunos sectores contra organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, que se encuentran trabajando por el “bien común” en el país, y mucho más grave que sean percibidos como personas que no contribuyen a beneficiar a la población y el medioambiente.
“Es preocupante que los vean como -disidentes políticos-, y son objeto de persecución, y para el caso de los ambientalistas la criminalización. Creo que debería el Estado, el Gobierno, el Ministerio Público revisar cómo están percibiendo la labor de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en favor de la justicia y la paz en el país”, sostuvo.
El pastor Tomás Castro también llamó a cesar la violencia contra el gremio periodístico y los medios de comunicación independiente que realizan periodismo investigativo y la labor de las organizaciones sociales.
“Creemos que se debe parar ya esta atmósfera de odio que se está creando, de rechazo a toda labor que busca el bien del país. Esperamos que la causa que se va a llevar a cabo la próxima semana, que se resuelva en el primer día con una absolución definitiva”, acotó.
Demandamos la libertad absolutoria de los ambientalistas
En el marco de la declaratoria pastoral, la Reverenda Arisbe Gómez, de la Iglesia Luterana de El Salvador, insistió en la demanda de “libertad” para los líderes comunitarios de Santa Marta.
Los religiosos también exigieron la petición de un “alto a la persecución judicial”, que está viviendo en la actualidad el movimiento ambiental de El Salvador. Esta exigencia afirmó es en cumplimiento de la misión de las Iglesias de ser “voz profética” de anuncio y denuncia de las injusticias.
“Como Iglesias hemos sido testigas y testigos de como la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor ha señalado en reiteradas ocasiones que este proceso judicial constituye una persecución y una criminalización contra el activismo pacífico y el movimiento ambiental en El Salvador”, dijo.
“Y después de más 20 meses de privación de libertad y persecución judicial, nos sorprende grandemente que este caso no haya sido desestimado por los tribunales de justicia pese a la evidente debilidad probatoria de la Fiscalía, que basa su acusación en el relato contradictorio de un testigo protegido, quien primero declaró que presenció los hechos y luego que le contaron lo sucedido”, manifestó Gómez.
Como Foro Ecuménico apoyan el argumento de la defensa legal de los líderes comunitarios, que ha reiterado que “no existen evidencias reales de los supuestos delitos imputados” y mucho menos, la participación de los ambientalistas detenidos en el cometimiento.
“En el marco de ese contexto no podemos ignorar ni ver de manera aislada la presencia de empresas mineras en el país. Información confirmada por una reciente investigación periodística”, opinó el religioso.
“Y este podría ser el trasfondo de intereses económicos y políticos sobre la criminalización, captura y judicialización de los hermanos ambientalistas, quienes venían denunciando la posible intención de reactivar la minería metálica a pesar de estar prohibida por ley”, argumentó Gómez.
Las iglesias “son activistas de la voz de Dios”, cuyo mandato es trabajar por la justicia y los valores cristianos como cuidar la vida, y toda la creación de la naturaleza y el planeta y que esto involucra a toda la población.
Solidaridad con los cinco ambientalistas de Cabañas
El reverendo David Alvarado, Obispo de la Iglesia Anglicana de El Salvador, declaró que el Foro Ecuménico extienden su “total solidaridad y acompañamiento con los hermanos activistas ambientales de Cabañas”, y que respaldan el llamado que ha venido realizando la comunidad Santa Marta y ADES,por la justa demanda de libertad de estos cinco líderes comunitarios.
“Esperamos que en la Vista Pública programada para el 8, 9 y 10 de octubre próximo, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque prevalezca la legalidad y la justicia, y que los líderes comunitarios sean absueltos y puestos en libertad”, indicó.
“Exhortarmos también al Estado salvadoreño a respetar la vigencia de la ley, respecto a la prohibición de la minería metálica, a fin de cuidar y proteger los bienes naturales de nuestro país y garantizar una vida plena y saludable, especialmente para la gente que vive en esos territorios vulnerables nacionales y transfronterizos”, reafirmó Alvarado.
Sobre la posibilidad de abrir oportunidades a la industria extractiva en el país, el Obispo Alvarado agregó que no era viable para el país, dar cabida a la minería por su demanda de recursos como el agua y su alto efecto contaminante por químicos y destrucción de bosques territoriales.
“Es inviable por el grave daño que esta actividad trae, al ya gravemente deteriorado territorio nacional, además de las irreversibles consecuencias ambientales debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro ecológico especialmente de los bienes hídricos de El Salvador. En el nombre de Dios, demandamos la libertad de los defensores de Santa Marta y ADES”, puntualizó Alvarado.
