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Saúl Méndez
Colaborador
Tras las declaraciones recientes del presidente de la república, Nayib Bukele, organizaciones sociales e Iglesias Históricas, junto a ADES Santa Marta, insistieron en la urgencia de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024, y sancionada por el ejecutivo el mismo día.
La obispa de la Iglesia Luterana, Guadalupe Ortez, insistió en el rechazo popular a la nueva ley, evidenciado en la encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), según la cual el 60% de la población considera que el país no es adecuado para la minería.
“Lamentamos que para tomar dicha decisión no se haya escuchado el clamor de la gran mayoría de la población”, prosiguió la religiosa.
Según la encuesta de la UCA, publicada el pasado 23 de diciembre, el 70% de la población sabe que la explotación minera causa daños al medioambiente, el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.
Los datos fueron respaldados por la encuesta de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana, que confirmó el rechazo social a la minería.
“Tampoco se tomó en cuenta la opinión de las iglesias, las organizaciones, las universidades y demás sectores e instancias del país que pedimos mantener la prohibición de esta contaminante industria extractiva”, declaró la obispa.
No hay estudios técnicos que respalden la minería
El pleno legislativo, controlado por Nuevas Ideas, aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica en la última sesión plenaria del 2024, con 57 votos a favor, sin realizar una discusión pública y sin esperar estudios técnicos. El dictamen favorable de la ley fue emitido dos días antes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, sin la participación de los sectores afectados y académicos. A principios de enero, el propio gobierno, a través del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), admitió que no cuenta con ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería metálica.
Ante esto, los representantes de las iglesias históricas y organizaciones sociales exigieron la inmediata la derogación de la ley.
“Consideramos que las autoridades competentes todavía tienen en sus manos la posibilidad de evitar una catástrofe nacional de graves proporciones y de consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles”, indicaron los representantes de las iglesias históricas y de las organizaciones ambientalistas.
La única forma de proteger al país de la minería metálica es mediante la «resistencia ciudadana y popular», manifestaron.
“Apoyamos el acompañamiento de la Iglesia Católica y las iglesias históricas en la lucha de las comunidades, que se encuentran principalmente amenazadas por su ubicación en zonas de potencial minero, y que ya están siendo objeto de militarización”, concluyeron.
Líderes ambientalistas de Santa Marta nuevamente serán juzgados
Las organizaciones sociales y las iglesias históricas también se pronunciaron contra la persecución de los líderes ambientalistas de Santa Marta, por lo que exigen ratificar su inocencia y dar por cerrado el proceso penal iniciado en enero de 2023.
Antonio Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del secuestro y el asesinato de María Inés Alvarenga, hecho ocurrido supuestamente en 1989. No obstante, los líderes ambientalistas fueron absueltos recientemente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, por prescripción del supuesto delito, pero, además, los acusados, que eran guerrilleros, en esa fecha estaban en otras áreas preparando la ofensiva del 11 de noviembre de 1989.
A pesar la absolución dada por unanimidad de un tribunal competente, el 25 de noviembre de 2024, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque notificó a la defensa de los líderes comunitarios la anulación de la decisión del tribunal que los absolvió por unanimidad, y ordenó la reapertura del caso ante un nuevo tribunal.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente llevará a cabo la audiencia de vista pública contra los representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” ADES del 3 al 6 de febrero de 2025.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el caso busca debilitar la resistencia anti-minería encabezada por los líderes ambientalistas en Cabañas.
