David Martínez
@davidmar2105
El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) llevo a cabo un foro denominado “Retos y oportunidades en administración comunitaria de agua potable y saneamiento”, donde dieron a conocer la importancia de la existencia de las “juntas de agua” para el manejo del vital líquido en las localidades.
Y es que la institución junto a la Cooperación Española han impulsado este tipo de administración para que las comunidades se empoderen de los proyectos de agua y sean estos los que manejen, tanto administrativamente hablando, como en la calidad del agua, esfuerzo que según el coordinador de la Cooperación Española, Ignacio Nicolau, es importante mantener.
“En total se han invertido 86 millones de dólares, no sabíamos cuantas juntas de agua habían, ese estudio ha sido fundamental para analizar la situación del agua en el país. Ahora mismo hay 2 mil 200 y es importante hacer algo por estas porque corren peligro. Tenemos que apoyar a las juntas porque en ellas está que se controle la explotación del recurso”, expreso Nicolau.
Remarcó la importancia de que se apruebe una Ley General de Aguas y que en ella se incluyan a estas aministradoras, además de que el ente contralor sea estatal, pues aseguró que es un bien público y por ende debe ser administrado públicamente, esto rechazando la propuesta de los partidos de derecha quienes buscan privatizar el recurso hídrico.
Asimismo, dijo que las instituciones estatales deben dotar de recursos a las juntas de agua, porque juegan ese papel fundamental de rector contralor en las comunidades, por ello es que urge la aprobación de la legislación.
“El agua es un bien público y la gestión debe ser pública, no se puede tener una gestión privada, pero sí se puede hacer que el Estado tenga un asocio público-privado para la explotación de alguna junta de agua, pero la responsabilidad tiene que ser público y eso pasa en todos los países. Las juntas de agua juegan un papel importantísimo en el manejo de un bien tan importante para las comunidades”, aseveró Nicolau.
En tanto, el gobierno a través del FISDL ha desarrollado y dado apoyo a las comunidades a que tengan este tipo de administradoras, esto a pesar de que algunas municipalidades buscan desaparecer estas administradoras.
Estas instituciones se unieron a las voces que reclaman años diputados de la Asamblea Legislativa a que se apruebe una Ley General de Aguas que evite la privatización del vital líquido, así como lo manejan los diputados de derecha, además exigen que se involucren a las juntas de agua para que llegue a todas las comunidades empobrecidas del país.