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Luis Arnoldo Colato
El caso Saca confirma jurídicamente lo que se conoce públicamente, que fue el manejo patrimonialista del Estado para favorecer al entonces partido de gobierno, como a su dirigencia; en ese sentido la afirmación del actual presidente: “…Saca dejó endeudado al Coena…”, es mínimamente socarrona, pues pudo decir: […debió entregarnos más…]”, que sería más serio de su parte (la FGR descubrió desvíos por 7,6 millones a favor del partido, lejos de los $400,000.00 que admitiera primero), puesto que como ha reconocido, y antes de él Francisco Flores: “…es una costumbre en la que todos hemos participado…”, que fuera desmentido por sus antecesores sin que nadie tomara en serio al considerar casos como el del abono japonés, ¡que desapareciera simplemente! Así como el montaje contra aquella secretaria que fue atajado por aquel juzgador que no se prestó al proceso adelantado por la Fiscalía.
Ahora, asistimos otra parodia, cuando el fiscal discursando sobre los riesgos que corre, acompañado de la embajadora estadounidense, hace campaña por un nuevo ejercicio sin más logros que los que descubre su demagógico discurso.
Y es que la trama es tan sórdida que parece novela, pues el descarno al erario público carece de pudor, ya que hasta cargos ad honoren se recetaron sendos salarios {entre $3,000.00 a $10,000.00, repartidos entre asesores y la ex primera dama como sobresueldos}, por lo que podemos imaginarnos al señor Charlaix corriendo del CitiBank al Hipotecario, con cheques y billetes saliendo de sus bolsillos luego de dejar saquitos que contenían 7,6 millones con su partido.
Sin embargo la cereza del pastel no es conocer lo que sabemos, sino la actitud fiscal que hace maromas para evadir procesar su partido, ¡con todo y la arrolladora caterva de pruebas que lo señalan y que son como menos, incontestables!, como su pretendida victimización por la descalificación de su gestión, por su desinterés de recuperar los dineros robados, aplaudiéndose por los arreglos con los procesados, que no son sino la opción que les queda al margen de la nulidad fiscal, por no arroparles ya el poder económico y por tanto, sin obligación de reintegrar lo hurtado, pudiendo como ya lo hacen otros procesados de derecha, refugiar su vergüenza en los millones robados al Estado, con la venia judicial.
Y es que esta canita es por nada menos que $301,000,000.00, repartidos entre el señor Saca y su pandilla, de los que se supone el Estado podrá apenas recuperar 21; y ni que hablar de lo entregado al entonces partido oficial, que el fiscal no piensa ni pretende recuperar.
Tampoco las medidas impulsadas civilmente tendrán efecto alguno, puesto que aunque superan el tamis legal (pues blanquearon fondos públicos para favorecerse electoralmente como pecuniariamente a su dirigencia), ello será obviado por el TSE, relegando su presidencia para silenciar en complicidad de los grandes medios, al soberano.
Al final la malicia se impondrá, superando por mucho las aspiraciones de justicia, haciendo de esta una broma que simplemente ilegitima al aparato judicial.
