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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Queremos decirle al presidente Bukele, que por ahora se ha equivocado porque el pueblo en su mayoría está diciéndole no a ese proyecto de muerte de la minería”, dijo Orlando Montes, del Comité por la Defensa de la Vida y el Agua, del distrito de Ilobasco, Cabañas.
“Lo rechazamos, porque sabemos que es nefasto y que seguramente traerá destrucción y muerte a la familia salvadoreña”, dijo Montes en una concentración de un grupo de comunidades de la zona, que se oponen a la minería metálica y demandan la derogación de la Ley General de Minería, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 23 de diciembre y ratificada por el presidente Nayib Bukele en la misma fecha.
“El Comité por la Defensa de la Vida y el Agua está presente y somos un colectivo que nos hemos formado para unirnos a las voces que ya piden el No a la Minería Sí a la vida”, añadió Montes.
Habitantes del distrito de Ilobasco se sumaron a diferentes actividades en torno a la inminente introducción de la industria minera en el país, a la que diversas comunidades en las zonas que serían explotadas, organizaciones ambientalistas, sociales, academia e iglesias históricas, han rechazado tajantemente.
“Ilobasco dice también si a la vida, y en todo El Salvador crecen las expresiones de rechazo a las intenciones del actual gobierno de reactivar la minería metálica. Cada día suenan más fuerte las voces que se pronuncian a favor del agua y medio ambiente, la agricultura, la salud y el futuro de nuestro país”, manifestó Rita Abarca, del Comité de Defensa por la Vida y el Agua.
“Todos y todas decimos sí a la vida y no a la minería en nuestro país y exigimos que se derogue la Ley General de Minería Metálica, aprobada sin estudios técnicos y de manera inconsulta el pasado 23 de diciembre de 2024. Nos sumamos al consenso nacional por la vida de las presentes y futuras generaciones”, indicó Abarca.
Abarca reconoció como una “advertencia” los argumentos presentados por expertos en minería y ambientalistas sobre la industria minera, que impacta al dejar sin agua a la población, luego, procede a contaminarla, impactando su calidad del aire y los suelos. Y al destruir los ecosistemas también afecta la salud de la población al generar insuficiencia renal o cánceres.
“Nos manifestamos contra la codicia, la avaricia, y las mezquinas ambiciones de riqueza que motivan a las empresas mineras y al gobierno de turno, para revertir la prohibición de la minería e imponer estos proyectos de muerte”, alegó.
“La minería daña la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas, adicionalmente está el problema de los desechos tóxicos que las empresas mineras lanzan a los ríos o dejan abandonados en pilas artificiales llamados depósitos de colas, lo que representa un enorme peligro en un país altamente sísmico y propenso a tormentas y huracanes”, afirmó Abarca.
Del mismo modo, la lideresa señaló que estos proyectos mineros estarían en la cuenca del río Lempa, lo que consideró traerá “daños directos”, no sólo sería para la población de Cabaña, sino para todo El Salvador.
“Será una mayor contaminación del río Lempa, arriesgaría el suministro de agua para San Salvador, la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de distritos de riegos y otras necesidades vitales del país”, indicó.
“Es por esto que el Comité por la Defensa del Agua y la Vida exigimos derogar la Ley General de Minería Metálica, y en lugar de minería el gobierno reactive el agro, la producción alimentaria, el turismo, las industrias no contaminantes y el desarrollo humano a través de la salud y la educación”, pidió Abarca.
Estas alternativas que presentan son las “verdaderas oportunidades” para generar empleo y el desarrollo económico de un país que necesita un desarrollo digno para su población, agregó.
“Son necesarias reformas tributarias progresivas, donde paguen más quienes ganan más. Que incluya impuestos directos a las ganancias de las grandes empresas e impuestos al patrimonio de las personas más ricas del país, en lugar de seguir gravando a la población pobre, eso dará mucho más ingresos fiscales al Estado que proyectos mineros”, acotó.
“Y expresamos nuestra solidaridad con la Comunidad Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), y nos sumamos a la justa demanda de libertad de los 5 líderes ambientalistas que están criminalizados por denunciar la reactivación de la minería”, finalizó Abarca.
