Más de un mes de violencia en Nicaragua ha resultado trágicamente en la muerte de más de 100 personas y dejó 868 heridos. Una parte esencial del proceso de paz es garantizar la justicia para sus parientes y familias y garantizar que los responsables de estas muertes rindan cuentas.
La violencia también ha tenido un impacto dramático en la economía. De acuerdo con el economista Néstor Avendaño, las afectaciones en la economía han alcanzado los 650 millones de dólares, lo que equivale al 4% del PIB. El 60% de estas pérdidas se producen en el sector de servicios (turismo, transporte, comunicaciones, educación, servicios comunitarios y personales); el otro 40% ha estado en la agricultura, industria y construcción.
Según el Banco Central de Nicaragua hasta el 22 de mayo se habían perdido 58,300 puestos de trabajo en negocios, turismo, transporte y zonas francas.
La mayoría de la población nicaragüense trabaja por cuenta propia en pequeñas y medianas empresas y cooperativas, como la agricultura, la venta de productos en las calles, taxis, tiendas y pulperías, y autobuses, y se ganan la vida de cualquier manera que puedan. Este es el sector de la economía que ya vive marginalmente, los que están sufriendo más agudamente como consecuencia de la violencia.
La quema y el saqueo de la sede del Banco Rural Nacional el 31 de mayo no es más que un ejemplo de destrucción de edificios públicos y privados por manifestantes, pandillas y saqueadores oportunistas en todo el país. Según Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, esto afectará a 40,000 miembros y clientes del Banco. La mayoría de ellos son pequeños productores que tienen sus ahorros en el Banco y que necesitan urgentemente financiamiento para sus cultivos.
La única forma de restablecer la paz es a través del diálogo, rindiendo cuentas y castigando los responsables de las muertes y otros mecanismos para fortalecer la democracia.
* ARTÍCULO PUBLICADO EN SITIO CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
CON NICARAGUA