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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El 7 de abril pasado se venció un pago equivalente a 57 millones de dólares que el Estado debía hacer por haber usado desde el año 2006 fondos de pensiones para pagar pensiones. Esto ocurrió después de haber usado las reservas técnicas del ISSS e INPEP entre 1998 y 2001 y, haber gastado 1,223 millones de dólares de eurobonos, para cuya emisión Arena contó con los votos del FMLN. Este incumplimiento tiene como origen una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional a un decreto emitido en septiembre pasado que facilitaba el pago de las obligaciones previsionales de 2017 que rondan los 230 millones de dólares.
Desde el origen de la deuda, que radica en un modelo privatizado en el manejo de las cotizaciones de los trabajadores y en obligaciones estatales con cargo al Estado, sin fuente de financiamiento, emitidos todos bajo administraciones de Arena, bajo los mandatos de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, la responsabilidad es del partido Arena. Desde que ellos se dieron cuenta que el modelo daba como resultado pensiones menores a las del sistema antiguo, acordaron emitir con cargo al Estado, certificados complementarios, bajo el mandato de Flores, y más tarde, igualar a los cotizantes privados que aportaron menos, con los beneficios del sector público, que había aportado proporcionalmente más a sus ahorros; el sistema estaba condenado a fracasar y a elevar la deuda pública. Así lo vieron y anticiparon diferentes estudios de distintos organismos nacionales externos, entre ellos, el Banco Mundial.
Cuando el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó a la Asamblea una propuesta de reforma para buscar una solución estable y sostenible al sistema previsional, la voracidad de quienes viven de las exorbitantes ganancias de las pensiones, se lanzaron en contra de la propuesta, la boicotearon y afirmaron que había suficiente base para mantener el sistema privatizado; pero el tiempo rápidamente les cobró la mentira a su campaña; y la fecha en que se agota la capacidad de prestar al fondo para pagar pensiones, está llegando y acarrea en su antesala una consecuencia negativa para toda la sociedad: el IMPAGO, algo evitable coyunturalmente si la Sala de lo Constitucional levantara su medida cautelar o si Arena hubiera votado por emitir bonos para pagar los vencimientos de este año.
Ni uno ni otro están con el pueblo, más bien han demostrado una y otra vez, que forman parte de un bloque desestabilizador, que tiene entre sus ejes el bloqueo a las finanzas públicas, boquean los ingresos y demandan más gastos, promueven reclamos y mantienen una campaña permanente, orientada a generar una percepción en la que se oculten los avances a favor del pueblo y de las familias más necesitadas.
En Arena y entre los dueños de ese partido, lo que menos puede existir es ignorancia sobre los efectos negativos del impago, están conscientes y parecen alegrarse de llegar a esa situación, saben que con ello la calificación del país tenderá a bajar y que como efecto, las tasas de interés que ya pagamos por la deuda heredada serán mayores. Solo este año, se registra en el Presupuesto, el pago de deuda por 914 millones, 800 mil dólares. Tres cuartas partes de esa deuda fue contraída por gobiernos de Arena y algunos de esos préstamos ni siquiera se realizaron como obras, y sin embargo las debemos pagar, las vamos a pagar.
Los bancos podrán, como efecto del impago, aumentar los intereses a créditos vigentes y nuevos, el precio del dinero se aumenta y en consecuencia la capacidad adquisitiva y operativa de las familias y las empresas; pero los grupos económicos salvadoreños que poseen bonos, esos ganaran más dinero sin mover un dedo, porque si la especulación les da ganancia, son los primeros en aprovechar las circunstancias para ganar más dinero a costa de la gente.
Sin duda alguna, el poder que la gente dio al partido Arena en las elecciones legislativas pasadas produce daño, y es algo que debe valorar cada ciudadano y ciudadana responsable.
Si les pesa dar un voto para evitar un daño tan generalizado, son capaces de realizar daños mayores como lo hicieron en el pasado con las privatizaciones, que han servido para acrecentar los capitales de pequeños grupos, como los dueños de las AFP, y para obligar a la generalidad, a cargar con la responsabilidad de pago.
Los trabajadores, el FMLN, el gobierno y los partidos responsables tenemos el deber de buscar una solución estable al problema de las pensiones privatizadas, y esa solución es difícil que venga de sus propuestas, que traen olor a estafa, como la que vivió el país con INSEPRO Y FINSEPRO.
