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César Ramírez
@caralvasalvador
El tema es complejo y en ocasiones parece un verdadero sistema de valores que inducen en esencia a la apropiación indebida de bienes públicos, treatment aunque no solo el dinero es un valor de cambio en las transacciones contra la sociedad, help existen ilícitos que benefician a terceros insospechadamente ocultos; algunos casos parecen novelas policiales de tercera categoría, donde las confabulaciones exceden a los implicados que milagrosamente escapan a la justicia por medio de jueces, en otros casos por perjuros, o extrañas interpretaciones constitucionales que perdonan todo, al final, sin delito que perseguir el daño patrimonial es manifiesto en: salud, educación, seguridad e incluso la dignidad de la nación. Encontramos los siguientes conceptos en: “Corrupción y maltrato público”. “Definición de Corrupción: es la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulando los medios de un sistema, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para, por y a través de los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corrupto (actor del hecho) Es la persona real que por volición propia y/o ajena y con intención cognoscitiva premeditada, maneja uno o varios medios de un sistema público y/o privado para beneficiarse para sí y/o para otros de los resultados que este manejo tendencioso produce, en contra del universo de individuos para los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corruptor (actor e incitador al hecho) Es la persona real que con volición propia e intención cognoscitiva premeditada y alevosa induce, incita y/o coacciona a otra a corromperse e integrarse así al sistema de corrupción pública institucional”. Se trata de observar el conjunto de actores en una sociedad, en nuestro caso los temas emblemáticos como CEL-ENEL, los fideicomisos estatales, la malversación de $11 millones del ISSS y otros incidentes anteriores en la misma institución cometidos por otro famoso personaje, la obra Diego de Olguín, etc. Pero estos fenómenos son enfrentados con leyes del siglo pasado, con prescripciones ridículas de 10 años, cuando los daños se prolongan por décadas, de tal forma que los implicados bajo conocimiento legal abrazan la impunidad.
Es muy sintomático ese modelo de violencia financiera, puesto que la corrupción también “asesina inocentes”, el panorama es simplemente deplorable, en este escenario encontramos: corrupto y corruptor (no solo de dinero), funcionarios públicos y poderosos miembros del capital privado y al agregar el factor político concluimos en el patrocinio a favor de un Partido Político, entonces la trama se vuelve siniestra. La sociedad solicita auditorías jurídicas de la Corte Suprema para abajo, así como a los funcionarios públicos y privados… ¿Aún existe alguien honorable? ¿Existe la regionalización de la corrupción? Los recientes casos de Guatemala y Honduras, son ejemplares, las personas implicadas en Honduras no son funcionarios públicos sino privados, mientras en Guatemala la implicación de Aduanas con autoridades de primer nivel y sectores privados es visible. En todo caso las reformas constitucionales deben ampliar la prescripción, no debe existir la confabulación intelectual de corrupción y límites constitucionales para evadirse legalmente, porque esa es la puerta legal que alienta el enriquecimiento ilícito a los delincuentes de cuello blanco.
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