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Ing. Omar Salinas
Posiciones encontradas, duda general y oportunismo político partidario ha ocasionado la medida anunciada por el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén, en torno a la aplicación del nuevo cargo en la factura de energía eléctrica, suspendido temporalmente por la Sala de lo Constitucional, que al margen de la legitimidad que tiene el gobierno de buscar formas de financiamiento y del asombro de los argumentos dados por algunos funcionarios del gabinete económico, en relación a la defensa de la eventual imposición económica en el rubro de la energía eléctrica. Conviene efectuar una lectura de las eventuales razones y sus implicaciones que condujo al Ejecutivo a tomar una medida de carácter económico como la que está en discusión. Justamente lo que era un secreto a voces, el Presidente de la República lo confirmó, las finanzas del gobierno no andan bien, enfrenta una constante falta de dinero en efectivo, que puede ser debido al aumento de los gastos para financiar los diversos programas gubernamentales o porque la recaudación fiscal se ha desacelerado. De acuerdo al decreto 39 que da origen al cargo a la energía, y que modifica el artículo 67-I del reglamento de la Ley General de Electricidad, se agrega un nuevo componente a los cargos del sistema, cuyo valor corresponderá al 13% del precio promedio de la demanda total de energía, denominado cargo para la inversión social, que al generarle contradicción su justificación, el gobierno ha aceptado que se trata de un salvataje financiero para la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, que de confirmarse supone entonces presumir que el modelo de sostenibilidad de la autónoma no solo ha llegado a su límite, sino también implicaría tomar decisiones drásticas al interior de la misma para un uso más eficiente y racional de los recursos económicos.
Los subsidios cuando tienen por objeto mejorar la calidad de vida de la población, son justificados, puesto que ahí no importa la rentabilidad económica sino la social, pero cuando su finalidad es otra, resultan perversos y perjudiciales para las finanzas del Estado. Desde la administración del ex presidente Antonio Saca, la CEL pactó diversos contratos de venta de energía con ANDA, que ésta última siempre incumplió, no obstante la situación se agudizó cuando en agosto del 2012 los partidos políticos en la Asamblea Legislativa obligaron por decreto a la CEL, a comercializar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) la totalidad del suministro de energía eléctrica de esta última a un precio por debajo del mínimo de mercado, que tampoco paga, pero que si afecta las finanzas de la CEL. Sin obviar el otro error que se comete también cuando la CEL participa en un esquema nocivo de contratos de largo plazo, donde vende energía a precios preferenciales a las distribuidoras de energía, que no se sabe si se reflejan en la tarifa eléctrica, pero que igual han drenado las arcas de la entidad. El gobierno acertadamente hace énfasis en que el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía, puesto la relevancia en el crecimiento económico y el desarrollo social del país, para lo cual es de vital importancia la obtención de una energía sustentable, accesible, limpia y de bajo costo que ayude a implantar un modelo de desarrollo económico sostenible que contribuya al bienestar de nuestra gente, algo que pareciera sí entendió los anteriores gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes, en virtud de no permitir que la estatal Lageo pasara a propiedad de la empresa italiana Enel Green Power, como resultado de un proceso de privatización encubierta, fraudulento e ilegal, y con repercusiones negativas para el patrimonio del Estado, como quedó en evidencia.
La geotermia representa una fuente de energía amigable al medio ambiente que debería ser nuestra principal apuesta estratégica, sin embargo, mientras se asume como logros los éxitos que el país obtuvo en el pasado, como pionero en el mundo de la generación de electricidad a partir del calor que emana la tierra cuscatleca, en lo actual muy poco o nada se hace, o si se realiza algo es incipiente, y por el contrario lo que se proyecta como alternativa no solo resulta ser marginal, sino también inconveniente teniendo en cuenta la crisis del modelo basado en la generación hidroeléctrica, la situación severa de escasez de recursos y un bajo crecimiento económico qué, como medida de austeridad racional, obliga al país a no realizar erogaciones ni contraer préstamos para ninguna infraestructura u obras que se planteen al inicio como inversiones necesarias pero que al final deriven en gastos onerosos, en proyectos de nulos impactos positivos, reducido factor de utilización y un nivel de rentabilidad por debajo del mínimo, como ha ocurrido con algunos proyectos energéticos ya ejecutados, ni tampoco se debe desarrollar aquellos otros perfiles que no cumplen los indicadores y que datan desde administraciones como la del 1999-2004, que ha sido una de las más duramente cuestionada en los últimos tiempos y que estuvo involucrada en el conflicto CEL-ENEL.
