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@arpassv
La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada dos medidas para financiar la seguridad pública: un impuesto de 5% a las ganancias mayores de 500 mil dólares anuales y un gravamen de igual porcentaje a la factura de telefonía, no rx internet y cable. Este último impuesto a los consumidores, sin embargo, será compensado por una reducción del 13% en las tarifas telefónicas.
Dichos impuestos, aprobados por la izquierda gobernante y sus aliados, proveerán al Ejecutivo fondos adicionales para implementar las acciones del “Plan El Salvador Seguro”, entre éstas la ley (pendiente de aprobar) para la rehabilitación y reinserción de pandilleros que no hayan cometido delitos graves. Por tanto, dichos recursos serán administrados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Las medidas tributarias fueron objetadas por la derecha opositora que tiene como estrategia impedir que el gobierno obtenga más ingresos y sólo insiste en “reducir los gastos”. Para no evidenciar su falta de propuestas, ARENA planteó emitir anualmente bonos por 150 millones de dólares durante cinco años, contradiciendo así su prédica contra más endeudamiento estatal.
Tras la aprobación de los tributos, ANEP y FUSADES (con el coro de medios de difusión hegemónicos) anunciaron demandas de inconstitucionalidad para revertirlos, amparados por las resoluciones de la Sala Constitucional que revirtieron el FONAT, el impuesto a las grandes empresas que declaran pérdidas para no tributar, la emisión de 900 millones de dólares en bonos y otras medidas fiscales impulsadas por el gobierno.
Para contrarrestar esa ofensiva oligárquica, las organizaciones progresistas deben respaldar las medidas tributarias pero exigiendo al gobierno reducir inmediatamente las tarifas telefónicas, establecer controles para que empresarios irresponsables no evadan el nuevo impuesto ni lo trasladen a los consumidores y seguir con la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
Las organizaciones democráticas también deben exigir a la Sala Constitucional que no participe en la estrategia de boicot financiero contra el Ejecutivo y se abstenga de admitir cualquier demanda promovida por la derecha partidaria, empresarial, oenegera y mediática contra el financiamiento de la seguridad pública. La seguridad es responsabilidad de todas las instituciones estatales, incluida la sacrosanta Sala Constitucional.
