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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Integrantes de la Mesa Territorial del Foro del Agua de la Zona Norte de La Libertad, junto al Foro del Agua, lanzaron un proceso de consulta ciudadana y participativa, con el objetivo de elaborar una “ordenanza ambiental marco”, que dé protección al acuífero de San Juan Opico, ubicado al norte del departamento mencionado.
“Este día, como Mesa Territorial del Foro del Agua de la zona de La Libertad, estamos lanzando públicamente el proceso de consulta popular para la construcción participativa de una ordenanza ambiental marco para la protección del acuífero de San Juan Opico”, dijo Alejandro Henríquez, del Foro del Agua.
Este proceso se desarrollará en los municipios de La Libertad Norte y Centro, específicamente en los distritos de Quezaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, San Juan Opico y Ciudad Arce.
“En estas jornadas de consulta participarán diferentes actores clave en la defensa de los bienes comunes en los territorios de la zona norte de La Libertad, como las Juntas de Agua Potable y Saneamiento, ADESCOS, Organizaciones ecofeministas y juventudes ambientalistas”, explicó Henríquez.
La decisión de elaborar esta propuesta comunitaria de una “ordenanza ambiental” surge ante la incertidumbre de la población frente al manejo del recurso hídrico, su extractivismo y la deforestación de la zona en que se sitúa el acuífero de San Juan Opico.
Henríquez señaló que sólo existe una “gestión ambiental que facilita el robo y despojo del agua”, en la zona norte de La Libertad, lo cual atenta contra la población a partir del concepto de la “política desarrollista” que impulsan las autoridades del territorio, expresada en la diversidad de proyectos urbanísticos y la llegada de la industria altamente demandante del recurso hídrico.
“La idea es presentarla ante la alcaldía municipal de La Libertad Centro, para poder presionar, hacer incidencia y que sea aprobado este instrumento. Somos conocedores también que la construcción de esta ordenanza es contra la actual gestión ambiental, que sólo facilita las condiciones para la explotación y despojo del agua a la población”, sostuvo.
Acuíferos y reservorios sin protección de autoridades locales y nacionales
Victoria Chávez, dirigente de Nayarit Mujeres y Juventudes, es de la opinión que la construcción ciudadana de esta ordenanza demanda también la participación e involucramiento serio de todas las autoridades locales y central, para obtener una aprobación integral.
“Como todas y todos saben, en este distrito tenemos varias problemáticas ambientales y muy graves, como la que vivimos con el Cerro Sagrado de Quezaltepeque, con un reservorio natural que sustenta a más de 3 mil personas, el cual ha sido sobreexplotado por más de 53 años y aún continúan las empresas tratando de extraer su material pétreo”, afirmó.
“Aquí, no es solamente el tema del agua, aunque sabemos que es muy importante y nos tiene reunidos ahora, pero también hay otro tema que es la biodiversidad y, de no preservarla, va a trastocar la vida de muchas personas de las comunidades, porque está siendo devastada y dañando el hábitat de diversas especies animales y vegetales”, reiteró Chávez.
Asimismo, en Quezaltepeque se suma la construcción de diversos “complejos urbanísticos cerrados”, tal como el residencial Villa Primavera, de la empresa inmobiliaria Salazar Romero que, según denuncian las comunidades, ha generado cambios del uso de suelo en una amplia extensión superficial, impermeabilizando el territorio, lo que reduce su capacidad de absorción y ha terminado por afectar el nivel freático de los acuíferos.
Mientras, San Juan Opico es el territorio que “más presión sufre debido a la fuerte actividad económica que soporta”, explicó Jorge Díaz, de la Red de Agua (ASAGUAL), que se alberga zonas francas, parques fotovoltaicos, complejos urbanísticos cerrados e industrias que despojan del agua a la población.
A esto se le suma la contaminación o acumulación de residuos, agregando el impacto que se genera de la zona franca Pipil, que se dedica a la producción y exportación de productos agrícolas; la industria Kimberly Clark, las residenciales Marsella y Ciudad Versalles. Así como el daño ambiental permanente que emanan de los despojos con plomo de la exfábrica de Baterías Récord, que fue cerrada en el año 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sitio del Niño.
“A todo lo anterior se le debe sumar la estrategia de urbanización en el AMSS que, debido al deterioro de los bienes naturales, ha fijado como recursos estratégicos las fuentes de agua de San Juan Opico, San Matías y Quezaltepeque. Y que el proyecto urbanístico Ciudad Valle el Ángel, de la familia Dueñas, al norte del volcán de San Salvador, representa uno de los mayores robos y despojos del agua en El Salvador”, reiteró.
“Para este proyecto, el Estado, a través de ANDA, se ha comprometido a garantizar un total de 260 litros de agua por segundo, los que serán extraídos de los 8 pozos a perforar en el acuífero de San Juan Opico, de la pequeña central de San Lorenzo, en San Matías, y de la Toma de Quezaltepeque, eso preocupa, y la deforestación de la zona. Por esto estamos aquí apoyando la construcción de esa ordenanza ambiental marco”, alegó Díaz.
La Mesa Territorial de la Zona Norte de La Libertad reiteró su preocupación, ante lo que califican de una “fuerte, agresiva y creciente dinámica de despojo de las fuentes de vida en los territorios”. Por lo que presentar esta ordenanza, luego de una consulta ciudadana, podría convertirse en un mecanismo estratégico para resguardar los bienes naturales de otros municipios.
“Como Red de Agua (ASAGUAL), les pediría a las autoridades tener voluntad política y que nos atiendan cuando lleguemos con la propuesta de la ordenanza de protección ambiental. Porque sólo pretendemos defender el derecho humano al agua”, puntualizó Díaz.
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