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Luis Arnoldo Colato Hernández
Es la impunidad un fenómeno que se sustenta en el poder para poder ejercerla, pues es necesaria la cobertura que aquel ofrece para resultar airoso de la felonía cometida.
En nuestro país nos encontramos permeados de ésta, pues caracteriza toda relación existente, donde para ponerlo en contexto, en las elecciones presidenciales pasadas los candidatos ofrecieron erradicarla incluso con dureza.
¿Por qué existe?
Pues porque garantiza la perpetuación de las desiguales relaciones de poder; es decir, el poder -per se- se abroga el derecho de privilegiar a sus delfines, que así defenderán los privilegios del primero, lo que constituye un círculo vicioso que perpetúa inhumanas condiciones que impiden la coexistencia, derivando en continuos y cruentos conflictos sociales, que periódicamente asolan al estado (en nuestro país la periodicidad va de los 10 a los 35 años históricamente).
Para el caso la creación de la infame guardia nacional, por ejemplo, fue la respuesta que la administración Araujo dio en 1912, a la grave crisis de inseguridad en el campo, que impedía la actividad cafetalera y que se correspondió con la desaparición de las tierras ejidales, con las que se benefició a las tristemente célebres “14 familias”, y en detrimento de la población, que sin educación y privados de sus medios de vida, tuvieron solamente la opción del cuatrerismo y demás formas delictivas para sobrevivir.
Este caso ilustra lo señalado arriba, pues el poder se ejerce para incrementar el poder con absoluto menosprecio de los más fundamentales derechos, llegando incluso al extremo para así ejercerlo: las matanzas de 1932 lo demuestran –con 5,000 muertes reconocidas por el estado y hasta 35.000 o más de acuerdo a fuentes independientes (Thomas Anderson)– aún impune y un nebuloso recuerdo abordado apenas académicamente, como un mito, una pesadilla que alguien creerá jamás sucedió.
Y ese es precisamente el propósito.
El caso más paradigmático, el del Santo Romero, es el que con más crudeza devela esta tesis, pues de él se conocen los pormenores, partícipes, financistas y demás detalles [el 7 de mayo de 1980 en la finca San Luis de Santa Tecla, durante un operativo en el que se detuvo al exmayor D’abuisson junto a cómplices, mientras preparaban un golpe de estado, se recuperó la libreta del excapitán Saravia, que detallaba la “Operación Piña”, que describe la ejecución del asesinato de Romero], y que todos sabemos sigue impune a 38 años de acaecido.
Es decir, la impunidad se caracteriza por diferir responsabilidades, institucionalizar el delito y su logro más espeluznante, que la población naturalice y conviva con ésta.
De ahí que cualquier ejercicio mediático de parte de la FGR, no busca la ansiada justicia, pues es dirigida a aparentar realizar la tarea sin hacerlo, pues no beneficia al poder, responsable último del mal, que es estructural y por tanto, necesario para preservar sus privilegios, en la mayoría de casos adquiridos injustamente y con un gran coste social.
De ahí que promover la justicia no es una quimera, ni una locura sino un deber. Nuestro deber.
