Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con motivo de la conmemoración del 27 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, expusieron sus valoraciones sobre los avances alcanzados y deudas pendientes que ese proceso registra en la actualidad.
Para Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, como avance producto del proceso de paz está todo el sistema de libertades del que goza la población y la eliminación de los cuerpos de seguridad, sin embargo, sostuvo que una de las deudas pendientes con mayor valor es la impunidad en que se protegen los autores intelectuales y materiales de crímenes de guerra. “Consideramos que existe mucha impunidad en el país porque no se ha superado la deuda en este sentido que se estableció con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, el tratado de los Acuerdos de Paz establece que el Estado debe perseguir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado pero esa ley estableció un sistema de impunidad”, dijo el representante de FESPAD.
Baños afirmó que a pesar que la Sala de lo Constitucional mediante una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía dictaminó que esta normativa no se aplica en delitos de lesa humanidad, ninguna institución gubernamental ha respetado esa resolución.
La organización jurídica valoró que los cambios a nivel de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República y el inicio de una nueva gestión presidencial son factores que propician que se den pasos para cumplir la sentencia que la Sala de lo Constitucional dictara en 2016.
En este sentido, FESPAD llamó al Ejecutivo y en particular al Ministerio de Defensa Nacional a hacer pública la información sobre crímenes del pasado, la cual ha negado de forma sistemática en ocasiones anteriores. “Solicitamos también a la FGR y su nuevo titular a continuar fortaleciendo las capacidades de esa entidad como la unidad que investiga graves violaciones ocurridas durante el conflicto, asimismo, que inicie diligencias para desarchivar casos de la guerra en los tribunales”, externó Loyda Robles, representante del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.
Los representantes de la organización jurídica también demandaron de la Asamblea Legislativa un cambio en la conformación de la comisión ad hoc para que la misma dé cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad, ya que con los miembros que la integran en la actualidad existe el riesgo de que se cree una nueva norma que impida la justicia penal por los más grabes crímenes del conflicto armado y por ende más impunidad. Para los miembros de FESPAD, continuar con el estudio de la sentencia sin nombrar nuevos integrantes de esa comisión constituiría un retroceso significativo en la consolidación de la paz en el país.
Otro de los aspectos que Baños consideró preocupante es la remilitarización de la seguridad pública, algo que a su juicio es atentatorio con lo establecido en acuerdos de paz.
FESPAD sostuvo que la integración de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad propias de la Policía Nacional Civil violenta lo contenido en los Acuerdos de Paz respecto a la separación de tareas de las mencionadas instituciones.